Funcionaria del Insuco recurre de protección tras acusar hostigamiento de apoderada

Una grave denuncia de acoso laboral que afectó la salud mental de una funcionaria educacional llegó a tribunales. La encargada de Convivencia Escolar del Instituto Superior de Comercio (Insuco), interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones en contra de una apoderada del establecimiento, del Slep Magallanes y de la dirección del colegio, por no tomar medidas frente a lo que califica como “hostigamiento constante” que la llevó a solicitar atención al Servicio de Urgencias del Hospital Clínico.

La presentación judicial revela un patrón de conductas que se extendió por meses. Todo comenzó en septiembre de 2024, cuando la funcionaria recibió una denuncia de estudiantes sobre presuntos actos inapropiados de un alumno -hijo de la apoderada- . Al activar los protocolos correspondientes, inició lo que describe como una “campaña de desprestigio” en su contra.

La situación escaló rápidamente: la apoderada presentó denuncias ante la Superintendencia de Educación y Juzgado de Familia, acusando a la funcionaria del Insuco de inventar cargos falsos. En redes sociales, publicó mensajes como “la justicia me dio la razón”, lo que generó un clima de temor en el colegio. El conflicto llegó a tal punto que en diciembre pasado el Consejo de Profesores paralizó actividades, exigiendo medidas que nunca se adoptaron.

El impacto en la salud de la funcionaria fue severo. El 3 de abril pasado sufrió una crisis que la llevó a la Unidad de Urgencias del hospital con urticaria nerviosa y ataques de pánico, siendo diagnosticada con estrés laboral agudo. “Estoy medicada y en terapia psicológica, pero el miedo persiste”, declaró en el recurso, adjuntando certificados médicos que respaldan su estado.

El abogado Robinson Quelín, patrocinante de la presentación judicial, sostiene que tanto el Slep como la dirección del Insuco omitieron su deber de proteger a la funcionaria. “Hubo múltiples solicitudes para aplicar el protocolo contra el acoso y cambiar de apoderada, pero nadie actuó”, señaló.

El recurso busca que la Corte ordene el cese inmediato del hostigamiento, la aplicación del Manual de Convivencia Escolar -que permite el cambio de apoderado en estos casos- y medidas de protección para la funcionaria, quien sigue desempeñando sus labores bajo tratamiento médico.

El caso ha reabierto el debate sobre los mecanismos de protección para trabajadores de la educación, particularmente en conflictos con apoderados. Mientras tanto, la comunidad escolar espera que la justicia actúe para restablecer un ambiente laboral seguro.