No irá a prisión: dictan arresto domiciliario total para Catalina Pérez en caso Convenios

• La Fiscalía vincula a la desaforada diputada por la entrega irregular de más de $426 millones a la fundación Democracia Viva, liderada por su expareja y gestionada porsu exjefe de gabinete, durante la administración de la Seremi de Vivienda en Antofagasta.

Ayer, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó arresto domiciliario total para la diputada Catalina Pérez Salinas, quien fue formalizada por el delito de fraude al fisco en el contexto del denominado caso Convenios.

La medida cautelar se adoptó tras la ratificación unánime de su desafuero por parte de la Corte Suprema el pasado 7 de abril, lo que permitió al Ministerio Público avanzar en su procesamiento penal.

La investigación se centra en tres convenios suscritos entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por un monto total de $426 millones.

Según la Fiscalía, Pérez habría facilitado la firma de estos convenios, beneficiando a la fundación liderada por su expareja, Daniel Andrade, y gestionados por el entonces seremi Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la parlamentaria.

El fiscal Cristián Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, sostuvo que la diputada habría intervenido directamente en la adjudicación de los fondos, a pesar de que la fundación no cumplía con los requisitos legales para recibir recursos públicos. Además, se revelaron conversaciones entre Pérez y Andrade que sugieren un intento de aparentar una estructura operativa inexistente para la fundación.

Por su parte, Catalina Pérez ha negado las acusaciones, afirmando que no intervino en los convenios y que no recibió beneficios económicos. En enero, expresó su preocupación por la filtración de información de la investigación, calificándola como una estrategia para desacreditarla.

La jueza Claudia Campusano, del Juzgado de Garantía de Antofagasta, dictó la medida cautelar de arresto domiciliario total en contra de Pérez. La magistrada rechazó la solicitud del Ministerio Público, que había pedido decretar la prisión preventiva contra la parlamentaria, acusando que su seguridad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal de primera instancia además dictó arraigo nacional en contra de la congresista y estableció un plazo de investigación de 45 días.

Desde noviembre del 2022 ocupó el cargo de segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, cuya participación tuvo que suspender al verse involucrada a temas de mal uso de recursos fiscales en Antofagasta.

CNNChile/Emol