Condenado a presidio perpetuo por violar y abusar de menores de hogares protegidos

Medio siglo sumaban las penas que la fiscal Wendoline Acuña postulaba para un hombre llevado a juicio oral por violar y abusar de menores de edad. Finalmente la justicia sentenció este viernes a Pablo Manuel Millapel Rodríguez a cumplir presidio perpetuo simple en el complejo penitenciario de Punta Arenas.

La fiscal habló de “graves delitos cometidos en contexto de explotación sexual infantil, consistentes en violación, abusos y estupros reiterados en perjuicio de víctimas de entre 13 y 17 años de edad, en grave desamparo”, por sus complejas historias de vida.

Los jueces Rosana Vidal Ojeda, Jaime Alvarez Astete y José Octavio Flores dieron por acreditada la acusación de la fiscal y querellante, basada en los delitos que Millapel, de 42 años, cometió entre diciembre de 2023 y marzo del año pasado.

Apodado “Cabezón”, se contactaba y coordinaba encuentros sexuales por Instagram, WhatsApp y Grindr, con varias menores de edad. Todas sujetas a sistema de protección residencial por orden del Tribunal de Familia.

Los encuentros sexuales se concretaron en el Motel “Las mil y una noches”, como en el propio domicilio del condenado, en Barranco Amarillo, al norte de la ciudad.

En la sentencia los jueces dieron por acreditado que “el sujeto sabía perfectamente las edades de las niñas y su situación de vulnerabilidad y grave desamparo. El entregaba a cambio de estos encuentros, dinero en efectivo, alcohol, drogas y alimentos para su consumo, situaciones que se dieron en un contexto de explotación sexual, respecto de víctimas sujetas al sistema de protección estatal especializada”.

Los primeros días de enero de 2024 una de las niñas, de tan solo 13 años de edad; junto a otra adolescente de 16 años, salieron de la residencia donde vivían a juntarse en un motel con el “Cabezón”. Este las “toqueteó”, les dio alcohol y drogas para su consumo, “finalizando el encuentro tras la entrega a cada una de ellas la suma de unos $40.000, en dinero efectivo”.

Al día siguiente, en la tarde, la niña de 13 años volvió a salir de la residencia y fue a la casa del acusado. Permaneció con él hasta la madrugada del día siguiente, donde mantuvo relaciones sexuales recibiendo a cambio cigarrillos, comida, drogas y la suma 80 mil pesos en dinero en efectivo.

Ese día ella escapó porque el sujeto se puso agresivo, amenazando incluso con matarla a ella y él quitarse la vida.

En el juicio se ventilaron otros contactos sexuales entre víctimas y victimario, bajo la misma modalidad: las niñas salían de la residencia a encontrarse con el proveedor, a sabiendas éste de la vulnerabilidad y grave desamparo de ellas. La trastienda de todo eran contactos sexuales a cambio de entregarle consumo de alcohol y drogas.

En otro de los encuentros en su domiclio de Barranco Amarillo, y sabiendo que la víctima tenía 16 años de edad, le dio de beber alcohol y drogas, a cambios de encuentros íntimos.

Las juntas entre el acusado y las menores se repitieron en el tiempo, “todas siempre en un contexto de explotación sexual”.

Más de una decena de encuentros lograron ser probados en el juicio oral, todos bajo la misma metódica, “a cambio de drogas y alcohol para su consumo, sabiendo las edades de ambas adolescentes, como asimismo, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad y grave desamparo de ambas”, plantean los magistrados en la sentencia.

En algunos casos Millapel conoció a las víctimas por su desempeño como líder de una batucada.

Y a otras derechamente las contactó por redes sociales.

Y todo se descubrió luego de que una de las menores comentara uno de estos encuentros, donde el sujeto la amenazó de muerte, y esto le provocó un gran susto. De ahí surgió la develación de las restantes víctimas, que confesaron haber estado en el domicilio del sujeto, quien registra una condena anterior por delitos de la misma naturaleza.

“Menores a
cargo del Estado”

Los abogados defensores, Fernanda Martínez Piucol y Rodrigo Lillo Vera, pidieron para su representado “una pena justa”. Y señalaron que “las menores que se mencionan como víctimas, estaban a cargo del Estado, en residencias para adolescentes, por el desamparo y vulnerabilidad de aquellas sostenido por la fiscalía en la acusación”.

En los alegatos de clausura reiteraron “que la prueba incorporada por la Fiscalía no era suficiente para acreditar todos los sucesos de la acusación”.