Justicia tributaria con enfoque de infancia

Relevante ha sido la información entregada por la Tesorería General de la República en el marco de la Operación Renta 2025 en el ámbito colateral de la lucha por el cumplimiento efectivo del derecho a la pensión de alimentos en Magallanes. La retención de más de 10 millones de pesos a 59 deudores representa tanto un hito administrativo como un acto concreto de justicia con rostro infantil.

Durante décadas, las deudas de pensión de alimentos han sido una de las formas más invisibilizadas -y toleradas- de violencia económica. Miles de niñas, niños y adolescentes han crecido sin recibir lo que por ley y por dignidad les corresponde. Detrás de cada peso adeudado hay una madre que se sobreendeuda, un hogar que posterga necesidades básicas, una infancia que queda al margen.

Por eso es tan significativa la implementación del Registro Nacional de Deudores y la activación automática de los mecanismos de cobro, como las retenciones de la devolución de impuestos. El mensaje es claro y necesario: cumplir con la pensión no es una opción, es una obligación legal, ética y social. No más impunidad para quienes usan vacíos legales o demoras judiciales como escudo para incumplir.

Las autoridades regionales han actuado con decisión y articulación, lo que merece ser destacado. Tal como señaló la seremi de la Mujer, este es un paso importante en el proceso de poner a las infancias en el centro de las políticas públicas y, como recordó el seremi de Hacienda, esto también demuestra que la política tributaria puede y debe cumplir un rol social.

Pero este avance no debe hacernos bajar la guardia. Aún hay muchas madres esperando justicia. Muchas familias aún no saben que pueden activar el proceso a través del Poder Judicial, sin intermediarios. La difusión, el acompañamiento y el monitoreo deben ser permanentes. La deuda no es sólo económica, es estructural y requiere voluntad sostenida.

Por primera vez, quienes no cumplen están comenzando a enfrentar consecuencias reales: retenciones de sueldos, limitaciones para renovar documentos, restricciones patrimoniales y laborales. No es castigo, es reparación. No es venganza, es justicia.

La deuda de alimentos ya no puede ser un trámite olvidado. Tiene que ser una prioridad ética del Estado. Porque garantizar el bienestar de las infancias no es solo proteger su presente, sino construir un país más justo para el futuro.