43 casos de violencia escolar en colegios públicos

Empujones, gritos, insultos e incluso golpes. Entre 2024 y abril de 2025, los colegios públicos bajo la administración del Servicio Local de Educación Pública (Slep) de Magallanes reportaron 43 casos de agresiones físicas o verbales, según reveló el propio organismo a través de una respuesta formal realizada por Ley de Transparencia.

Del total de situaciones reportadas, 42 afectaron a estudiantes y una a un docente. No se identificaron incidentes dirigidos contra asistentes de la educación. Además, el 83,7% de los casos incluyó algún tipo de violencia física, lo que representa 36 hechos dentro del conjunto total.

El desglose entregado por el Slep permite identificar patrones por comuna, establecimiento y estamento involucrado. Punta Arenas concentra la mayor parte de los casos, con 35 reportes distribuidos en diversos liceos y escuelas de la ciudad. El Liceo Luis Alberto Barrera figura como el establecimiento con más agresiones registradas: 17 en total, 14 de ellas con violencia física. Le siguen el Liceo Polivalente María Behety de Menéndez con 8 incidentes, y el Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez de Puerto Natales con 4.

Otros recintos donde también se reportaron hechos de violencia son el Instituto Superior de Comercio y las escuelas República de Croacia, Juan Williams, Patagonia, Dellamira Rebeca Aguilar, Villa Las Nieves, 18 de Septiembre, Rotario Paul Harris y Libertador Bernardo O’Higgins de Puerto Natales.

El documento aclara que los datos corresponden exclusivamente a establecimientos de administración directa, es decir, no se incluyen colegios particulares subvencionados ni privados, ni tampoco liceos técnico-profesionales con administración delegada.

El panorama general muestra que las agresiones escolares continúan presentes en la dinámica cotidiana de varias comunidades educativas, con una clara concentración de casos en recintos de educación media de alta matrícula y rotación.

A nivel nacional, la violencia en contextos escolares ha sido reconocida como una prioridad en las políticas públicas del último tiempo. Sin embargo, la información disponible sugiere que persisten importantes brechas en la capacidad de prevención y contención de estos episodios, donde no todos los establecimientos cuentan con equipos psicosociales permanentes ni redes de apoyo fortalecidas.