Licencias para viajar: la desvergüenza que también ocurre en Magallanes

El reciente informe de la Contraloría General de la República ha sacado a la luz una práctica tan insólita como indignante: más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica. No se trata de casos aislados ni de errores administrativos: es un patrón que desnuda un abuso estructural y sistemático de los recursos del Estado. Y Magallanes no ha quedado fuera de esta vergonzosa postal. Al contrario: se encuentra entre las tres regiones del país con más casos.

El informe reveló que Magallanes concentra el 10% de los movimientos de funcionarios públicos al extranjero mientras estaban de licencia médica, es decir, casi 6 mil entradas o salidas del país en ese periodo. Más grave aún es que dos de nuestras instituciones locales -las Corporaciones Municipales de Punta Arenas y Puerto Natales- figuran entre las diez entidades con más licencias médicas asociadas a estos viajes. Lo que parecía impensable en un territorio aislado, austero y con una fuerte cultura de servicio público, hoy nos enfrenta a una realidad donde la viveza individual le gana al compromiso colectivo.

¿Dónde quedó la vocación de servicio que tanto se pregona en el discurso institucional? ¿Cómo se explica que trabajadores del sistema educativo o de salud, financiados con recursos públicos, puedan justificar su ausencia con reposos médicos y al mismo tiempo cruzar fronteras como si fueran días administrativos? No es sólo un problema ético o administrativo: es una burla a los contribuyentes, a los trabajadores que deben cubrir las ausencias y, sobre todo, a los usuarios que esperan atención oportuna en escuelas, jardines infantiles y centros de salud.

Pero, también hay que decirlo: este tipo de prácticas era conocida por muchos y tanto jefaturas como entes de control no han tenido ni la voluntad ni la firmeza de enfrentar,  denunciar y tomar las medidas pertinentes ante estos abusos.

El Ministerio de Hacienda ha reaccionado con la creación de un Comité Nacional de Ausentismo, que busca establecer lineamientos y buenas prácticas para reducir estas irregularidades. Se han instruido sumarios internos y se anunció el envío de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. En Magallanes, el seremi de Gobierno confirmó denuncias al Ministerio Público y el rechazo de licencias médicas fraudulentas, además de exigir la devolución de recursos percibidos indebidamente.

Pero más allá de las medidas administrativas, lo urgente es una señal política y ética clara: no puede seguir siendo tolerable que el aparato público funcione como una maquinaria que se autofinancia el abuso. No basta con perseguir responsabilidades individuales. Es indispensable reformar los mecanismos de control de licencias, dotar de mayor capacidad fiscalizadora al Compin, y aplicar sanciones ejemplificadoras para quienes usan la enfermedad como excusa para el turismo.

En una región donde escasean los recursos, donde los profesionales del sector público muchas veces deben redoblar esfuerzos ante la falta de personal, este tipo de noticias no sólo daña la credibilidad institucional, sino que erosiona el frágil tejido de confianza entre el Estado y la ciudadanía. Magallanes merece un servicio público comprometido, no una casta funcionaria que confunda el reposo médico con vacaciones al extranjero.