Financiamiento del Centro de Rehabilitación de Magallanes

En el corazón de la comunidad magallánica, el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur ha construido un modelo ejemplar de atención integral para personas con discapacidad. Su impacto social y sanitario es incuestionable: atiende a más de 2.000 usuarios al año en toda la región, abarcando desde Punta Arenas hasta Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. Sin embargo, esta labor imprescindible se ve permanentemente amenazada por una debilidad estructural: la inestabilidad financiera del proyecto.

La historia de este centro ha estado marcada por el esfuerzo colectivo y la generosidad ciudadana. Las Jornadas por la Rehabilitación, una de las campañas solidarias más emblemáticas del sur de Chile, han sostenido año tras año parte importante de su funcionamiento. La última edición, en 2024, logró recaudar más de $1.221 millones, una cifra admirable, pero que por sí sola no cubre la totalidad de los costos operativos, menos aún si se considera el aumento sostenido en la demanda de atenciones y los costos en salud.

Esto refleja una contradicción que ya no se puede ignorar: mientras el Estado reconoce el rol esencial que cumple este centro, lo sigue tratando como si fuera una obra de beneficencia subsidiaria, y no como un prestador complementario del sistema público. Los $60.000 mensuales que el Estado aporta por paciente son claramente insuficientes. Es una cifra que no se condice con la especialización, el equipamiento y la cobertura que se requiere para rehabilitación física, cognitiva, fonoaudiológica y social en una región tan extensa y dispersa como Magallanes.

La llamada “Glosa Bianchi”, aprobada en 2023 y que asigna $2.313 millones anuales por tres años, fue un avance importante. Permitió estabilizar remuneraciones y asegurar continuidad operativa. Sin embargo, esta glosa es transitoria y excepcional. No forma parte de una política pública permanente ni garantiza el desarrollo institucional a largo plazo. Su renovación dependerá nuevamente de voluntad política y de negociaciones legislativas año a año. Esa inestabilidad no es compatible con un servicio esencial de salud.

El propio centro ha debido explorar nuevas fuentes de financiamiento, desde alianzas con el sector privado hasta posibles convenios con gobiernos regionales. Pero esa búsqueda es también un síntoma: no puede recaer sobre las espaldas de sus trabajadores, directivos o la comunidad usuaria la responsabilidad de resolver un problema que es estructuralmente del Estado.

Chile ha firmado tratados internacionales que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, y posee un Plan Nacional de Rehabilitación basado en el modelo biopsicosocial y comunitario. Pero esas promesas no se materializan mientras centros como el de Magallanes sigan dependiendo de glosas transitorias, donaciones voluntarias o colectas masivas. Lo que se necesita es una línea de financiamiento permanente, asignada por criterios técnicos, con evaluaciones periódicas y garantías de continuidad.

Este centro no pide privilegios. Pide lo mínimo: estabilidad para seguir cumpliendo su misión, y justicia en la asignación de recursos de salud.