Universidad del Bío Bío desvió $3 mil millones y favoreció a familiares en medio de crisis financiera

La Universidad del Bío Bío (UBB) enfrenta una de sus mayores crisis institucional desde su creación. Un informe de la Contraloría General de la República (CGR), aprobado el 29 de mayo de 2025 y ya remitido al Ministerio Público, reveló una serie de graves irregularidades financieras que comprometen el uso de fondos públicos, la transparencia administrativa y el respeto a la probidad.

La auditoría, plasmada en 99 páginas, detectó que la universidad adeuda $6.883.787.075 al Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) por anticipos no restituidos, y que además “no transfirió al FSCU los montos percibidos por parte de los exalumnos por pago de cuotas del crédito universitario, los que en el año 2023 ascendieron a $191.867.499”. Por esta razón, el organismo instruyó regularizar la situación en un plazo de 90 días y puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

Uno de los hechos más cuestionados fue el traspaso de $3.000 millones desde cuentas de proyectos estatales destinados al fortalecimiento de la educación superior a la cuenta de sueldos de la universidad. “Los citados fondos efectivamente fueron utilizados para el pago de las remuneraciones del personal de la Universidad; sin embargo, fueron devueltos posteriormente a las cuentas corrientes de los citados proyectos”, reconoció la propia casa de estudios.

En paralelo, el informe confirmó pagos por $33.379.379 efectuados sin utilizar la plataforma Mercado Público, en abierta infracción a la Ley de Compras Públicas. “Sin que consten los motivos para efectuarlas al margen de la ley de compras públicas y su reglamento”, puntualizó el texto.

El caso se agrava al constatar la existencia de conflictos de interés en contrataciones con empresas vinculadas a directivos de la universidad, como también la contratación a honorarios de personas con lazos familiares con autoridades. “Se comprobó que la Universidad contrató a dos empresas, cuyos socios tienen un vínculo de parentesco con directivos de esa casa de estudios y además uno de los directivos es socio de la empresa”, denunció la Contraloría.

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