¿Retrocesos o avances en la democracia universitaria?

El reciente recurso de protección presentado por el presidente de la Asociación Regional de Académicos de la Universidad de Magallanes, Juan Marcos Henríquez Troncoso, alega serias irregularidades en el proceso de elección de representantes académicos al Consejo Superior de dicha casa de estudios. La situación no es menor: lo que está en juego no es sólo la validez de un proceso electoral interno, sino la vigencia del espíritu democratizador que la Ley N°21.094 buscaba consolidar en las universidades del Estado.

La denuncia apunta a una serie de decisiones arbitrarias adoptadas por la rectoría y la Junta Electoral, entre ellas la modificación extemporánea de las reglas del juego -a tan solo tres días de la elección- y la implementación de un sistema de votación electrónica sin las garantías mínimas de transparencia, identidad o derecho a impugnación. A ello se suma la cuestionable reserva de los resultados hasta la designación final, supuestamente amparada en la Ley de Transparencia, y la elaboración de las ternas en orden alfabético y no en función del respaldo democrático expresado por el claustro.

Lo más alarmante es que las medidas denunciadas, lejos de promover la participación y fortalecer la institucionalidad, socavarían la legitimidad de las autoridades electas y reinstalan prácticas propias de estructuras cerradas y poco fiscalizables. La conformación de ternas -el paso previo a la designación de quienes integrarán el órgano colegiado más importante de la Umag- no puede responder a criterios administrativos oscuros ni a la conveniencia de quienes ocupan temporalmente cargos de poder. Debe ser el reflejo claro, nítido y transparente de la voluntad de la comunidad académica.

El recurso judicial busca detener esta deriva mediante una orden de no innovar que impida avanzar en la designación de cargos mientras el proceso permanezca viciado. Por ello, urge que se esclarezca si el actuar del equipo directivo de la Umag se ajustó o no a la legislación vigente. 

Si se resolviera el recurso a favor del denunciante, lo que se exige es una señal ética y política clara de parte de la rectoría: rectificar, transparentar y restituir la confianza en los procedimientos democráticos que deberían regir toda universidad pública.

La Umag tiene una oportunidad histórica de mostrar que está a la altura del mandato que le exige su condición de universidad estatal: ser un ejemplo de pluralismo, transparencia y participación democrática.