El crimen organizado

La formalización de 16 personas en el marco de la “Operación Sin Frontera”, acusadas de contrabando y asociación criminal, representa un avance concreto en la lucha contra el crimen organizado en la Región de Magallanes. Esta indagatoria, desarrollada por el Ministerio Público en coordinación con la PDI y el Servicio Nacional de Aduanas, saca a la luz una estructura delictiva transfronteriza que operaba de manera sistemática entre Chile y Argentina. 

Importante también fue constatar que en este caso están involucrados ciudadanos de Venezuela, Paraguay y Argentina, además de chilenos.

La magnitud de la operación, tanto por el número de imputados como por la gravedad de los delitos imputados -algunos arriesgan hasta 20 años de cárcel-, revela que los grupos delictivos en la zona ya no son fenómenos marginales o improvisados. Se trata de organizaciones con logística, redes internacionales y capacidad para vulnerar sistemas aduaneros, lo que obliga a repensar la seguridad fronteriza y la cooperación binacional.

Este caso también instala preguntas incómodas, pero necesarias: ¿Cuántos delitos similares han pasado inadvertidos?; ¿Cuán permeables son nuestras fronteras al crimen organizado?; ¿Cuánto más se puede hacer desde el Estado para fortalecer la prevención?

Es justo destacar el trabajo investigativo sostenido durante más de un año, que permitió reunir pruebas clave como escuchas telefónicas, incautaciones y seguimientos. También debe reconocerse el rol de la Fiscalía de Punta Arenas y las policías en avanzar hacia sanciones ejemplares, fundamentales para disuadir futuras acciones delictivas de este tipo.

Pero la advertencia está hecha: Magallanes, por su geografía, no está exenta de los tentáculos del crimen organizado. Por eso, más allá del éxito judicial que pueda alcanzar este proceso, lo que está en juego es la capacidad del Estado para blindar a la región frente a fenómenos que, de no contenerse, podrían echar raíces y degradar la seguridad y la confianza pública.

La “Operación Sin Frontera” debe ser no sólo un hito, sino un punto de inflexión. Porque la seguridad -y la justicia- no pueden tener zonas grises.