Suspensión de escolar por amago de incendio lleva a familia a presentar recurso de protección contra el Slep

Un enchufe, un celular sin batería y una decisión administrativa apresurada. Esos son los elementos que desencadenaron un conflicto entre el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes y los apoderados de un estudiante de tercero medio, quien hoy enfrenta una suspensión de 10 días hábiles tras un amago de incendio en su sala de clases. La medida, calificada como “arbitraria” por los apoderados, derivó en un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, poniendo en jaque los protocolos disciplinarios escolares.

El 29 de mayo había terminado la jornada escolar en el Liceo Luis Alberto Barrera y el alumno decidió quedarse en el salón para cargar su teléfono. La docente, según el relato del recurso de protección, no habría objetado su permanencia en la sala. Más tarde otro compañero ingresó igualmente al aula para hacerle compañía, cuando “de manera imprevisible y por causas ajenas y desconocidas a los menores de edad se produce un amago de incendio en el salón”, relata la presentación.

Tres días después, el 2 de junio, el Slep notificó verbalmente a los apoderados la suspensión del alumno por 10 días hábiles, alegando que su permanencia en el salón lo vinculaba a una “falta muy grave” según el manual de convivencia. La medida, adoptada sin un documento escrito ni entrevista previa al estudiante, indignó a la familia.

El Slep de Magallanes defendió la medida como “cautelar” mientras se investiga el incendio. Sin embargo, el abogado de la familia del estudiante insiste en que la acción fue discriminatoria: “Llama profundamente la atención que el establecimiento educacional tomara una decisión administrativa disciplinaria de tal envergadura sin siquiera tener la versión de los hechos del estudiante afectado ni tampoco la versión de mi representado en su calidad de apoderado, siendo que como familia se pusieron a plena disposición para aclarar lo sucedido”.

Mientras la Corte de Apelaciones debe resolver si admite el recurso a trámite y analizar si la suspensión vulneró derechos fundamentales, como el acceso a la educación, la familia exige la readmisión del estudiante, una investigación independiente sobre el incendio y garantías de no represalias.