Alcaldesa Mayorga se querelló por delitos funcionarios que tienen al municipio al borde de la bancarrota

Una deuda consolidada que supera los 13 mil millones de pesos arrastra la Municipalidad de Puerto Natales. Este crítico momento financiero dejó sus arcas al borde de la bancarrota.

En medio de este apremiante escenario económico, la alcaldesa Ana Mayorga interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, para que se investiguen eventuales delitos funcionarios contra quienes resulten responsables durante el ejercicio de su antecesora, Antonieta Oyarzo.

Desde que asumió el cargo de alcaldesa, el día 6 de diciembre de 2024, ha podido tener conocimiento de una serie de hechos que podrían constituir delitos funcionarios que, como primera autoridad comunal, le asiste la obligación de denunciar.

En la presentación legal patrocinada por el abogado Hans Curamil, enumera una serie de observaciones. En primer lugar se constató que el acta de Traspaso de Gestión no consignó el pasivo real que la administración saliente dejaba la municipalidad, omitiendo los valores efectivos de las deudas contraídas, producto de “una gestión financiera que distó de ser leal durante los cuatro años de ejercicio”.

“Si bien el acta de Traspaso de Gestión Comunal fue elaborada, su contenido no se ajusta al principio de probidad que rige el actuar de los funcionarios públicos. Dicho documento no evidencia claridad en cuanto al gasto comunal ni a la ejecución presupuestaria, y carece de veracidad respecto de los litigios pendientes que enfrenta la municipalidad”, se sostiene.

Tras el inicio de la presente administración, se constató que el municipio mantiene una deuda que asciende a $11.133.793.527, monto de los cuales corresponden a $3.470.631.335 a proveedores y pasivo contingente (obligaciones potenciales de eventos pasados); $796.259.846 a pagos de sueldos y aportes a corporaciones; y $6.866.902.346 a la deuda que se debe cubrir por parte de la municipalidad a la Cormunat. 

De acuerdo a lo planteado en la querella, esta circunstancia ha obligado a suspender prestaciones esenciales a la comunidad, ya que, a pesar de las gestiones realizadas, ha sido imposible mantener el funcionamiento pleno de la institución con todas las prestaciones requeridas por los vecinos. 

Un ejemplo palmario de esta crisis financiera, es lo que ocurre con la Farmacia Municipal, la cual lleva más de 100 días cerrada debido a la deuda heredada de la administración anterior con el proveedor de medicamentos. Esta deuda también puso en riesgo el servicio del Centro de Salud Familiar (Cesfam), que compartía el mismo proveedor. Afortunadamente, gracias a las gestiones y acuerdos alcanzados por el Concejo Municipal, el Cesfam ha logrado mantenerse operativo, evitando correr la misma suerte que la Farmacia Municipal.

Presupuesto 2025

Al abordar el presupuesto 2025, se señala que este presenta una disminución significativa en comparación con 2024, principalmente debido a un recorte de más de $1.200 millones del Fondo Común Municipal. Como respuesta, se ha propuesto un Plan de Austeridad, que incluye una reducción de personal, específicamente en el ítem de prestadores de servicios, de $2.000 millones en 2024 a $1.000 millones en 2025. El presupuesto aprobado para 2025 es de $11.751.559.000, con recortes en bienes y servicios de consumo y transferencias corrientes.

Enseguida se indica que la deuda consolidada del municipio, incluyendo pasivos contingentes y deudas de fondos no ejecutados ni rendidos, asciende a más de $13 mil millones. Esto incluye $557.841.504 en deuda a proveedores y documentos formalizados, y $1.123.158.812 en pasivos contingentes informados por la Dirección Jurídica (12 demandas). Adicionalmente, existe una deuda con Edelmag que supera los $612 millones, parte de la cual está judicializada y reflejada en los pasivos contingentes.

Las corporaciones municipales también presentan deudas significativas. Cormunat tiene una deuda total de $2.101.715.688 y pasivos contingentes por $8.556.466.395. En Salud registra una deuda total de $1.099.115.451. El Cementerio presenta una deuda de $6.844.280.

La querellante expone que “el impacto de esta situación financiera se manifiesta en la reducción de ayudas sociales, la falta de pago en el alumbrado público (superando los $600 millones desde 2023), el riesgo constante en el pago de remuneraciones al personal municipal (incluyendo sueldos líquidos, imposiciones y bonos), posibles retrasos en el aseo domiciliario por falta de pago de camiones y combustible, y la dificultad para otorgar subvenciones y aportes a la comunidad.

Auditoría de
Contraloría

El informe final de Contraloría de fecha 22 de noviembre de 2024, que contiene los resultados de una auditoría realizada al municipio de Natales, orientada a realizar un examen de cuentas, reveló una serie de irregularidades, entre otras, el pago de boleta de prestación de servicios sin contrato; programas comunitarios para labores propias de la administración interna del municipio; ausencia de registro horario; contratación de honorarios para funciones propias del municipio.

Ante los hechos descritos, estos podrían tener aparejadas situaciones constitutivas de delito como el uso indebido de fondos públicos. En este punto, la querella ahonda que “los pagos realizados sin contrato o los pagos a personas no acreditadas representan un uso indebido de los recursos municipales”.

“A mayor abundamiento existiría una falta de justificación respecto del pago, en cuanto a si no hay justificación adecuada para los pagos realizados y si estos no se corresponden con servicios efectivamente prestados, lo que según el informe no constaría en la Municipalidad de Natales”.

“Se avizora además una falta de diligencia administrativa, debido a la ausencia de control horario y el manejo inadecuado de la contratación de personal, lo que podría significar e indicar una falta de diligencia en la gestión pública, por parte de las autoridades y directivos de la época”, se refuerza.

Asimismo, se hace presente la sobredotación de prestadores de servicios en la municipalidad, lo que no se condice con la realidad presupuestaria del municipio, toda vez que es de conocimiento público la crisis financiera por la que atraviesa esta institución.

Administración
de bienes

En el libelo también se denuncia un abandono respecto de la administración de los bienes municipales. “Se ha constatado, a medida que la presente administración ha avanzado, una notoria ausencia de diligencia en la gestión de los bienes municipales por parte de la administración precedente. Esta deficiencia se manifiesta en la falta de preocupación por el estado jurídico de dichos bienes, la omisión en la tramitación de convenios relacionados con algunos de ellos y, de particular gravedad, el análisis negligente efectuado para el traspaso de bienes al Servicio Local de Educación Pública”.

Como resultado de este actuar, se indica, “se traspasaron erróneamente el Polideportivo Municipal -que incluye la piscina municipal- y la maestranza. Actualmente, esta corporación edilicia se encuentra realizando las gestiones pertinentes para la recuperación del dominio sobre los bienes indebidamente transferidos”.

Entre las irregularidades, también se menciona la contratación de un abogado por la Corporación Municipal, donde se pactaron honorarios mensuales brutos de $3.954.802, más gastos de alimentación, traslado y alojamiento, ya que el abogado reside en Santiago. Entre agosto de 2021 y septiembre de 2022, se pagaron más de 55 millones de pesos por concepto de honorarios al abogado, financiados indebidamente con fondos de la subvención general de educación.

Diligencias

Entre las diligencias solicitadas por la parte querellante al Ministerio Público figuran, que se decrete una orden amplia de investigar los hechos mencionados, recabando la mayor cantidad de antecedentes sobre los hechos; se determine todo el tráfico de comunicaciones entre la exalcaldesa y los funcionarios cuyos servicios a honorarios han sido cuestionados, y se indague si hubo pagos y por qué montos a los funcionarios cuya contratación ha sido impugnada por la Contraloría.

La querella ingresó a trámite el pasado 6 de junio y este lunes el juez de Garantía, Manuel Argandoña Osses, decretó que antes de proveer la presentación, “indíquese el nombre del abogado cuyo poder se otorga”.