La lugaridad de la política habitacional

Durante décadas el Estado no había construido viviendas en todas las provincias de Magallanes y de la Antártica Chilena, revertir esa regla era un imposible. Que las distancias, el clima o la falta de recursos hacían inviable llegar con soluciones habitacionales a comunas pequeñas o aisladas, eran las respuestas a una realidad que pasaba inadvertida. Mientras tanto, cientos de familias seguían esperando ser vistas.

Hoy, eso está cambiando. Y no lo decimos sólo desde nuestro ministerio en la región: la reciente cuenta pública de la Delegación Presidencial lo dejó claro. El Plan de Emergencia Habitacional avanza con fuerza en la zona más austral de nuestro país, marcando un antes y un después en descentralización y justicia territorial. Nuestra meta es ambiciosa y concreta: entregaremos 4.000 viviendas durante la administración del Presidente Gabriel Boric Font, y vamos firmes hacia ese objetivo.

Aun así, siguen surgiendo preguntas necesarias a las que debemos dar respuesta: ¿Estamos realmente mitigando la fragilidad habitacional? ¿El ritmo de construcción actual permite reducir la brecha que afecta a tantas familias?

La fragilidad habitacional no se reduce sólo a no tener casa. Es también vivir de allegado, hacinado, sin privacidad ni autonomía. Es pagar un arriendo que se lleva más de la mitad del ingreso familiar. Es habitar una vivienda deteriorada, insegura o sin servicios básicos. Es no saber si mañana se contará con lugar para vivir. Es tener que dejar la tierra y renunciar a la lugaridad, porque no hay oportunidades habitacionales en ella.

En el Minvu, estamos enfrentando esa fragilidad con planificación y acciones. Con subsidios de arriendo ajustados a la realidad desafiante de este territorio, entendiendo que aquí el costo de la vida es distinto. Con proyectos habitacionales que por fin llegan a comunas que por décadas quedaban excluidas de la inversión en vivienda. Estamos avanzando en lugares donde magallánicos y magallánicas han decidido hacer patria, criar a sus hijos e hijas, envejecer y quedarse para siempre. Y el Estado, por justicia, debe estar a la altura de esas decisiones.

Desde una mirada técnica y política, es justo decir que en Magallanes se están haciendo bien las cosas. Hay proyección, voluntad de llegar a todas las provincias, y una gestión cimentada en la expertís de los equipos de trabajo, que ha logrado traducir un mandato presidencial en resultados locales concretos. Así, esta región se está convirtiendo en un ejemplo de descentralización efectiva y de implementación territorial del acceso a la vivienda.

El trabajo planificado y la evaluación continua dan cuenta de desafíos. La ejecución podría ir más rápido, falta suelo urbanizado, se requiere más articulación con servicios básicos y sentar las bases de una participación ciudadana que debe tomar cada vez más fuerza. Lo anterior no empaña lo logrado, sino que debe enriquecer el quehacer de nuestro ministerio ad portas de cumplir 60 años: el plan avanza, la construcción aumenta y la dignidad empieza a tocar la puerta de cientos de familias.

Y en ese contexto es que recibimos como un aporte el análisis de los diferentes actores relevantes de nuestra región. Entre ellos, este medio de comunicación que nos brinda un espacio en sus páginas y que se hace parte del necesario debate para fortalecer la política habitacional y ajustar sus directrices a las peculiaridades de una zona extrema.

No es momento de escepticismo. Es momento de redoblar esfuerzos y mantener atenta la mirada. Porque cuando el Estado llega donde nunca antes estuvo, comienza a repararse una deuda larga con las personas.