Licencias médicas: la corrupción de la bata blanca

El reciente informe de la Compin ha vuelto a revelar un escándalo que carcome la credibilidad del sistema de salud chileno: el abuso sistemático de licencias médicas por parte de profesionales que, lejos de resguardar la ética de su profesión, han transformado este instrumento de protección en una fuente ilícita de ingresos. Que 1.470 médicos hayan emitido más de 30 mil licencias estando ellos mismos con reposo no es un error administrativo ni una casualidad estadística. Es corrupción, directa y sin matices, desde el corazón mismo de la atención médica.

En Magallanes, como en otras regiones del país, el caso de licencias médicas extendidas para que los beneficiarios pudieran viajar al extranjero también ha tenido repercusiones. A fines de mayo, se informó que unos 800 funcionarios públicos serían sumariados por viajar al exterior con permiso médico. 

El uso y abuso de licencias médicas en el sector público ha tenido a célebres protagonistas, con funcionarios que han alargado por años tales permisos, a fin de no ser echados de sus cargos al cambio de un gobierno. 

Por ello, se debe valorar todo el esfuerzo que ha hecho Contraloría en denunciar esto, dado que no sólo afecta el presupuesto público -ya suficientemente presionado-, sino que contribuye a la deslegitimación del sistema ante los ojos de la ciudadanía. Cada licencia médica falsa emitida para tales fines y/ para que el profesional emisor lucre es un acto de fraude económico y un atentado contra la confianza depositada en los médicos, una traición a los principios más básicos de la medicina.

El daño no se reduce a las finanzas del Estado ni al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que pierde anualmente miles de millones de pesos por estas prácticas. Es un problema que erosiona la ética profesional y alienta una cultura de impunidad en sectores que debiesen ser ejemplo de integridad. La medicalización sin criterio, la entrega de licencias como moneda de cambio y el uso de la enfermedad como excusa para lucrar son síntomas de una patología institucional que requiere tratamiento urgente.

Ahora surge esta otra arista, siendo particularmente grave que muchos de estos médicos hayan emitido licencias mientras estaban oficialmente en reposo. Es decir, han usado su propia licencia como escudo para operar bajo radar, cobrando por emitir documentos sin control, muchas veces sin siquiera ver a los pacientes. En otras palabras, han encontrado en la licencia médica un doble negocio: uno por estar “enfermos” y otro por seguir lucrando en las sombras.

Frente a este escenario, no bastan las declaraciones de preocupación ni los sumarios administrativos. Se requiere sanción ejemplar, con nombre y apellido, y en los casos que corresponda, persecución penal. Porque aquí no hablamos de errores menores, sino de una red de beneficios indebidos con clara intencionalidad y perjuicio al erario público.

En aras de la transparencia, los magallánicos deberíamos saber quiénes son los profesionales de la salud que han hecho mal uso y/o lucrado con la emisión de permisos médicos. No queremos que la bata blanca se convierta en sinónimo de impunidad. La salud es un derecho, no un negocio para quienes han olvidado el juramento hipocrático.