Plan Nacional de Búsqueda

La entrega de las primeras carpetas de calificación de víctimas a familiares de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas no sólo representa un acto administrativo. Es un gesto de humanidad, justicia y memoria que dignifica la lucha de miles de personas que durante décadas no han dejado de buscar la verdad.

En un acto simbólico realizado este 9 de junio, Día Internacional de los Archivos, el Presidente Gabriel Boric encabezó junto a autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la entrega de esta documentación reservada durante años. Estas carpetas -conformadas por testimonios, informes, resoluciones y antecedentes personales- fueron originalmente recopiladas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación en los años posteriores a la dictadura cívico-militar. Hoy, finalmente, llegan a manos de quienes más las necesitan: las familias.

Se trata del primer avance concreto del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, una política pública de carácter permanente anunciada el 30 de agosto de 2023, en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esta iniciativa, sin precedentes en Chile, tiene por objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de más de 1.000 personas detenidas desaparecidas, así como identificar sus paraderos, reconocer la responsabilidad del Estado y establecer medidas de no repetición.

La entrega de estas carpetas no repara el dolor ni suple la ausencia. Pero aporta lo que durante años se negó o se dilató: el derecho a saber. Y en ese saber -aunque fragmentario- hay dignidad. Como bien señaló la seremi Michelle Peutat, estos documentos son parte del patrimonio no sólo de las familias, sino del país entero. Conforman una memoria viva que interpela al presente y obliga a mirar el pasado con rigor, respeto y compromiso.

En tiempos donde aún persisten voces que relativizan las violaciones a los derechos humanos, estos actos cobran doble valor, tanto porque reconocen una deuda histórica como porque refuerzan la convicción de que una democracia sólida se construye con memoria activa y no con olvido conveniente. El acceso a esta información, por más dolorosa que sea, reafirma la soberanía ética de los familiares, cuyo derecho a la verdad no prescribe ni se negocia.

Ahora, cabe esperar que estos primeros pasos del Plan de Búsqueda se traduzcan en acciones permanentes, en más archivos abiertos, en justicia restaurativa y en políticas educativas que impidan que la violencia de Estado vuelva a instalarse entre nosotros. Porque mientras no sepamos dónde están, mientras no sepamos toda la verdad, la herida seguirá abierta.