Al Tribunal Electoral llevarán a la exalcaldesa y actual concejala de Porvenir, Marisol Andrade

Ante el Tribunal Electoral Regional (Ter) será llevada la concejala de Porvenir, Marisol Andrade Cárdenas, porque cuando fue alcaldesa perdonó las deudas de dos contratistas que ejecutaron obras de conclusión de la Plaza de Armas de Porvenir -que fue dejada sin término por una constructora capitalina- y de la remodelación de la sala de Uso Múltiple Municipal. Ambos proyectos fueron ejecutados a satisfacción por contratistas locales, aunque con observaciones que ameritaban multas, a las cuales -tras solicitud de los afectados- la entonces jefa comunal no cursó.

El tema fue cuestionado por la Contraloría cuando Andrade ya no era autoridad y en diciembre del año pasado, los actuales ediles (incluida la exalcaldesa), recibieron copia del oficio del órgano contralor, que puso “en conocimiento el contenido de la Resolución Exenta PD01191 del 4 de diciembre de 2024, que determina la responsabilidad administrativa de la exalcaldesa Marisol Andrade”. Agrega que se encuentra acreditada dicha responsabilidad y por ello se remiten los antecedentes al Concejo Municipal.

Vía celular, el asesor jurídico del municipio, Carlos Contreras, especificó que los ediles no están determinando la responsabilidad de una persona, sino asumiendo la importancia de la decisión de Contraloría para que el hecho sea conocido por el Ter y éste resuelva si es grave o no, y cuál sería la sanción a aplicar. “Cualquier concejal puede adoptar una decisión de enviar el caso al Ter, pero de modo particular”, ilustró el abogado, si de ellos (dos ediles de 6) lo estimasen.

Dos ediles
recurrirán al Ter

Dos concejales se pronunciaron por ir al Ter: Oscar Andrade y Claudia Cárcamo, argumentando que aunque no hubo actos de mala fe ni apropiación por parte de la exjefa comunal, “ella se vio involucrada en un acto administrativo que no debió haber ocurrido”. La concejala Muñoz atribuyó responsabilidad a la exalcaldesa, pero optó por no recurrir al tribunal.

Finalmente el edil Manuel Loncón (estuvo ausente Javier Nancuante), deslindó responsabilidad de Marisol Andrade, acotando que no hay delito ni desfalco y que ella actuó por el bien de la comunidad. De paso provocó el enojo del alcalde Parada, al acusar que hoy sí hay obras ”botadas”, a lo que el jefe comunal replicó que no están botadas y que se van a completar al terminar su periodo.

Andrade: “No se busca un resultado jurídico sino dañar mi imagen”

“En lo judicial, tomo la decisión de mis colegas con serenidad, sabiendo que deberé defenderme ante el Ter, teniendo la tranquilidad y convicción que se declarará la caducidad de la acción que intentan en mi contra, pues el artículo 51 bis de Ley 18.695 es claro en señalar que el plazo para interponer la acción de inhabilidad es de 6 meses desde el término del mandato del alcalde, el que se encuentra más que cumplido, pues dejé mi cargo de alcaldesa en 2021”, señaló sobre el tema Marisol Andrade. Para la discusión que se generó en el Concejo citó una sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones de 2024 que resolvió “la suspensión del plazo para ejercer la acción de inhabilidad vence con la resolución que aprobó el sumario administrativo, plazo desde el cual se cuenta el término legal de 6 meses del artículo 51 bis de la Ley Municipal”.

Dijo que esto no fue considerado por los ediles que votaron por remitir los antecedentes al Ter, “porque lo que buscan no es un resultado jurídico, sino dañar mi imagen”. Acentuó que “con el criterio señalado deberá establecerse que el plazo de prescripción o caducidad de 180 días se interrumpió por el sumario instruido por Contraloría, retomándose dicho plazo a partir de la fecha de su término, el que se me notificó a mí y al municipio el 27 de noviembre de 2024”, plazo que vencía en mayo.

“Incluso si entendiéramos que el plazo se cuenta desde que se puso en conocimiento del Concejo Municipal, esto ocurrió el 13 de diciembre de 2024, por lo que el plazo de 180 días se cumplió el 5 de junio de este año. Lamento el daño que se hace con este tipo de decisiones, y el costo en tiempo, en energía y en defensa jurídica que me implicará”, finalizó la hoy concejala.