Licencias médicas y responsabilidad: el dilema ético de Enap

La reciente determinación de Enap de despedir a 26 trabajadores de su filial en Magallanes por haber viajado al extranjero durante licencias médicas -sin derecho a indemnización, bajo la causal de “falta de probidad”- marca un momento crítico para la ética laboral en las empresas estatales y para la confianza pública en su conducción. 

La medida involucró a nivel nacional a 44 trabajadores y se adoptó por faltas a la probidad e incumplimiento grave del artículo 55 del Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud; de las normas aplicables del Código del Trabajo; del Código de Etica y del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la compañía. 

Este hecho se inserta en el escándalo nacional del uso indebido de licencias médicas, que ha salpicado desde la Contraloría hasta Metro, Codelco y BancoEstado, con más de 25.000 funcionarios involucrados.

Por un lado, Enap cumple con su rol como gestora responsable: tras fiscalizaciones propias y externas, actúa con determinación, despejando dudas sobre tolerancia al abuso. En un contexto donde la credibilidad institucional está en juego, la acción es clara: se exige integridad, se sanciona la violación de normas y se protege los fondos públicos.

Adicionalmente, la empresa estatal envía un mensaje firme a su estructura: las reglas no son negociables. 

Pero no todo es blanco o negro. La defensa con que responde una de las afectadas, exdirigenta sindical revela una realidad más compleja. Alega desconocimiento de la prohibición y falta de consideración a aspectos humanitarios, dado que asegura haber viajado para acompañar a su prima en dificultades -un acto de respaldo familiar en un contexto de salud delicada- y critica que no se le permitió explicar su caso.

Una política corporativa justa exige dos pilares: comunicación efectiva -para que cada colaborador sepa exactamente qué está permitido y qué no -y procedimientos flexibles- que consideren casos humanitarios o familiares claramente documentados.

Esta situación no es exclusiva de Enap; es parte de un fenómeno nacional que remeció estructuras públicas y puso en cuestión la cultura laboral en tiempos complejos. Las entidades estatales se enfrentan a la obligación de normalizar una cultura de transparencia y gestión impecable, sin caer en rigidez despersonalizada.

Enap ha dado un paso contundente en defensa de su probidad. El desafío es evidente: construir una ética institucional donde imperen la responsabilidad y la justicia, sin sacrificar la solidaridad ni ignorar la realidad humana.