Caso de la clínica veterinaria contratada por el municipio: formalizan a exsocios por fraude

• Contraloría había detectado fallas en los mecanismos de control municipal.

Acasi dos años de presentada una querella criminal, el pasado 6 de junio el Juzgado de Garantía de Punta Arenas formalizó a dos personas por los delitos de fraude de subvenciones y apropiación indebida, respectivamente, en el marco de una millonaria licitación pública adjudicada por la Municipalidad de Punta Arenas a una empresa sin instalaciones propias, ni personal ni permisos, que habría utilizado medios de una clínica ajena.

El juez de Garantía, Franco Reyes Pozo, decretó la medida de arraigo regional para los imputados y querellados Rodrigo Vera Alvarado y Karina Tapia Corbett, y fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.

Los hechos fueron denunciados en 2022 por Daniel Groves Navarro, representante legal de la empresa Servicios Ganaderos Agropampa Limitada, quien acusó que los imputados -entonces trabajadores y socios de su firma- utilizaron sin autorización instalaciones, equipamiento, personal y permisos de la clínica veterinaria Veterhouse, nombre de fantasía con que operaba Agropampa en calle Maipú 995, para postular y adjudicarse una licitación pública por $167.100.000.

Según la querella, la empresa Centro Veterinario de la Patagonia SpA, constituida por Rodrigo Vera Alvarado el 4 de noviembre de 2020, carecía a la fecha de la postulación de local propio, patente comercial, autorización del Sag o personal contratado, por lo que toda la oferta técnica habría sido montada con recursos de la Clínica de Agropampa, sin conocimiento ni consentimiento de su representante legal.

“El primer requisito de la licitación era ser una clínica veterinaria establecida, y ellos no lo eran. Usaron nuestra dirección, nuestros equipos, nuestro personal, nuestra patente, sin autorización. Adjudicaron el contrato con todo eso, cosa que a mí me parece muy rara también, porque no era un monto menor, eran cerca 170 millones de pesos”, declaró Groves, quien además cuestionó la actuación del municipio por no haber verificado aquellos antecedentes.

Dos mil esterilizaciones

El contrato adjudicado por la Municipalidad de Punta Arenas mediante licitación ID 2355-38-LQ21 establecía la ejecución de 2 mil esterilizaciones, 960 consultas primarias, 120 urgencias y 12 eutanasias durante 12 meses. Fue adjudicado de forma directa al Centro Veterinario de la Patagonia SpA, por decreto alcaldicio Nº1.172, de fecha 13 de mayo de 2022.

“Tampoco a la fecha de la licitación se acreditó, ni se revisó por la comisión de evaluación, titularidad de la ofertante/adjudicataria sobre las instalaciones, esto es la existencia de un permiso regular y/o contrato que los habilitara para su uso, puesto que mi representada era la titular y la que pagaba el contrato de arrendamiento del inmueble. Es cuestión de pedir la carpetas de patente para el Rut de la adjudicataria y el Rut de este reclamante, para evidenciar la falsedad”, advierte la querella.

La ejecución del programa se inició en junio de ese año. Según relató Groves, durante los primeros tres meses el servicio se habría entregado desde las instalaciones de calle Maipú 995, propiedad de Agropampa. “Después cuando esto saltó a la opinión pública ellos tuvieron que armar otra clínica para poder funcionar. Ella está formalizada ahora por apropiación indebida porque se llevó todos los equipos un fin de semana en la noche. Esto fue documentado ante notario y con cámaras de seguridad”, reforzó.

Fue uno de los hechos más graves expuestos durante la audiencia de formalización de cargos.

Los equipos sustraidos

De acuerdo con lo expuesto por la fiscal Johanna Irribarra, los bienes sustraídos alcanzan un valor de aproximadamente 44 millones de pesos, y no han sido recuperados hasta la fecha.

“Ella está formalizada por apropiación indebida porque se llevó todos los equipos. Eso fue acreditado por el fiscal con inventario completo y lectura equipo por equipo. Nosotros todavía no recuperamos nada”, aseguró Groves.

El promuniciamiento
de Contraloría

La situación también fue abordada administrativamente. En septiembre de 2022, Agropampa presentó ante el municipio un recurso solicitando la invalidación parcial de la adjudicación, fundado en que la empresa adjudicataria habría entregado información falsa. La municipalidad rechazó la solicitud en mayo de 2023.

Sin embargo, en abril de 2024, la Contraloría Regional de Magallanes emitió un informe de investigación especial que concluyó que la Municipalidad de Punta Arenas no contaba con mecanismos de control que permitieran acreditar que el contratista cumplía con los requisitos técnicos exigidos en las bases de licitación. El informe también advirtió que no existía documentación que acreditara fiscalización efectiva del contrato, detectando además retrasos en pagos y errores en el proceso contable.

La investigación de Contraloría se originó por la denuncia de un concejal de la comuna, quien alertó que el contratista no se constituyó como clínica veterinaria establecida y que utilizó dependencias de otra empresa. En sus conclusiones, el ente fiscalizador instruyó al municipio a corregir los procedimientos de control previo y supervisión de servicios contratados.