PDI frente al crimen organizado

En tiempos en que el crimen organizado amenaza la estabilidad de muchas regiones del país, Magallanes también se presenta como una de las zonas donde grupos delictuales se instalan y van complejizando su accionar y, por ende, sometiendo a mayor presión a las policías, a la persecución penal y a la justicia.

En la cuenta pública de la Policía de Investigaciones, el prefecto inspector Luis Orellana reveló un dato contundente: durante 2024, la PDI logró desarticular diez bandas criminales y una organización de carácter transnacional que operaba en la zona.

Estos resultados, obtenidos en una región que por años fue considerada ajena a los fenómenos más complejos delictuales, confirman que la amenaza es real, pero también que hay instituciones que han sabido anticiparse y actuar con determinación. La PDI, con más de 3.000 delitos investigados y un 88,4% de órdenes con resultados positivos, demuestra que la labor investigativa, cuando está bien articulada con el Ministerio Público y otras agencias del Estado, puede ser eficaz y eficiente.

Especial atención merece el trabajo de las brigadas especializadas, como la que aborda la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, una realidad que golpea en silencio a muchas comunidades. Los 715 casos de delitos sexuales y las 24 indagaciones por distribución de pornografía infantil evidencian que la criminalidad no sólo se expresa en violencia física o narcotráfico, sino también en formas que vulneran profundamente la dignidad humana.

La estrategia de la PDI no se limita a la represión, sino que avanza hacia una modernización institucional con siete compromisos públicos: seguridad migratoria, nuevas tecnologías, fortalecimiento territorial, control ético interno y coordinación interinstitucional, entre otros. Este enfoque integral responde a la lógica de que el crimen ya no actúa de manera aislada y que combatirlo exige un ecosistema de seguridad pública cohesionado y activo.

Pero no basta con felicitar el accionar policial. Esta cuenta pública debe ser también una llamada de atención a toda la ciudadanía, al sector privado, al mundo académico y a los gobiernos locales. La lucha contra el crimen organizado no es tarea de una sola institución y, como lo recordó el propio jefe regional de la PDI, los resultados que exige la ciudadanía sólo serán posibles si todos los actores actúan de forma coordinada y decidida.

Magallanes, por su posición estratégica y por su historia de baja criminalidad, tiene la oportunidad de ser un ejemplo nacional de prevención y contención del crimen organizado. Pero ese objetivo no se alcanzará sin inversión, sin educación en seguridad ciudadana, y sin un compromiso ético transversal.