Gremios universitarios acusan falta de transparencia y retrocesos en materia de género tras cambios en la estructura orgánica de la Umag

Una serie de cartas dirigidas al rector de la Universidad de Magallanes (Umag), José Maripani Maripani, y filtradas recientemente a este medio, dejaron al descubierto el profundo malestar de las asociaciones gremiales frente al proceso de reestructuración que impulsa la actual administración. En los documentos, fechados el 24 y 25 de junio, los gremios advierten sobre la falta de participación de la comunidad universitaria en la elaboración del nuevo organigrama y cuestionan la legitimidad y los efectos de su implementación.

La primera carta critica que la reestructuración haya sido llevada adelante sin debate en las instancias colegiadas correspondientes, limitando la participación a una comisión consultiva cuya existencia, aseguran, no garantiza una deliberación informada. “Una vez más, el rumor de pasillo es la única fuente de información para la comunidad universitaria”, señalan en la misiva, advirtiendo que esta situación genera un clima de incertidumbre, desconfianza y desinformación.

También alerta sobre la falta de formalización del decreto rectoral que dé validez al nuevo organigrama, lo que pone en riesgo la continuidad operativa de diversas unidades. Asimismo, cuestionan que se presente esta reestructuración como una medida de austeridad sin que existan antecedentes claros ni cálculos que acrediten ahorros reales para la institución.

La segunda misiva, enviada un día después, se centra específicamente en los cambios aplicados a la Dirección de Género, Equidad y Diversidad, creada en 2018 como resultado de un acuerdo institucional tras la toma feminista de ese año. Las asociaciones gremiales acusan que la reestructuración “invisibiliza el trabajo colectivo de años” y vulnera los acuerdos alcanzados por estudiantes, académicas y funcionarias en torno a políticas contra la violencia, el acoso y la discriminación.

Uno de los cambios más criticados es la separación de la Dirección de Género de la Unidad de Prevención y Acompañamiento, una decisión que -según las asociaciones- debilita la respuesta institucional frente a casos de violencia y expone a las víctimas a nuevos riesgos. Además, señalan que el nuevo organigrama no cumple con las exigencias de la Ley 21.369, que obliga a mantener independencia funcional entre la Unidad de Género y la fiscalía especializada, ambas ahora subordinadas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Pese a que el equipo rectoral ha señalado en instancias previas que el objetivo de la reestructuración es reducir la carga administrativa y mejorar la eficiencia, los gremios reiteran que no existe evidencia de ahorro, y que en el caso de la Dirección de Género la medida representa un retroceso sin justificación técnica ni presupuestaria. También manifiestan su preocupación por posibles reducciones de personal, aunque hasta ahora no se han confirmado despidos.

En ambas cartas, las asociaciones exigen la apertura de un proceso de diálogo participativo antes de continuar con la implementación del nuevo diseño institucional. Piden explicaciones formales sobre el contenido y los alcances del acuerdo de Junta Directiva que habría aprobado el nuevo organigrama, así como certezas sobre los recursos humanos involucrados.

La versión de la Umag

La rectora (s) y vicerrectora de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes, Lorena Aguilar, respondió que “en cuanto a los cambios en la estructura de gestión de la Universidad de Magallanes es una materia aprobada por la Junta Directiva e informada en la última sesión del Consejo Universitario.

Los cambios que se han aplicado al organigrama de la institución están validados por las atribuciones que tiene la autoridad superior y cuerpos colegiados de la institución acorde a los nuevos estatutos de la universidad.

“Es necesario aclarar que acá no se debilita el rol de la Dirección de Género, Equidad y Diversidad, sino que se potencia y promueve la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas”, agrega, recalcando que toda información para la comunidad universitaria se emite por los canales internos de la Universidad de Magallanes y no a través de medios externos”.

Feministas en alerta

La reestructuración administrativa que vive la Universidad de Magallanes encendió una fuerte alerta entre organizaciones feministas estudiantiles. Es así, que la denominada “Jauría Feminista” acusa un intento de debilitamiento y una amenaza directa al acompañamiento de víctimas en procesos por violencia de género.

“La Dirección y Unidad de Género fueron creadas tras la primera toma feminista de la Umag, en 2018, y su existencia responde a una lucha histórica por espacios seguros y canales institucionales de denuncia”, explicó Bárbara González, vocera de la Jauría Feminista. “Lo que ahora se intenta hacer es subordinarlas a la fiscalía universitaria, lo que quita objetividad a las investigaciones y debilita su función crítica”.

El punto más grave, acusan, es que la nueva dependencia contraviene la Ley 21.369, que establece que toda institución de educación superior debe contar con una unidad de género autónoma y con personal capacitado en materias de género. “Quienes hoy están a cargo no cuentan con esas competencias, y hay actitudes que generan desconfianza en casos de violencia”, sostiene González. La vocera agrega que la decisión se implementó sin consulta ni tiempo para apelaciones, y sin el respaldo de Contraloría al momento de su entrada en vigencia.

Uno de los temores principales es que las medidas de protección para víctimas puedan ser censuradas o suavizadas por la nueva jefatura.

El efecto inmediato ha sido el temor del estudiantado a seguir presentando denuncias. “Nos están llegando mensajes de estudiantes diciendo que ya no van entregar testimonios. Y eso es gravísimo: significa que el sistema deja de cumplir su propósito”, cerró la vocera.