Magallanes también busca la verdad

Durante décadas, la Región de Magallanes ha vivido una suerte de silencio institucional en torno a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar. La historia oficial ha tendido a limitar el drama de los detenidos desaparecidos a otras zonas del país, ignorando que también en los confines del sur hubo persecución, miedo y desaparición.

Por eso, lo ocurrido esta semana en la Casa de los Derechos Humanos -el excentro de tortura de Punta Arenas- tiene una importancia histórica innegable. Por primera vez se utilizó en la región tecnología de georradar para escanear el subsuelo en búsqueda de posibles evidencias asociadas a delitos de lesa humanidad. Y no se trató de una diligencia más: es el primer peritaje regional del Plan Nacional de Búsqueda, política pública impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte, y el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada durante el período de la dictadura civil y miliar (1973 y 1990).

A nivel nacional, la nómina oficial de personas víctimas de desaparición forzada la integran 1.469 personas y los casos se desglosan así: 1.092 detenidas y detenidos desaparecidos; y 377 ejecutadas y ejecutados políticos sin entrega de cuerpos. Considera a chilenos y extranjeros detenidos desaparecidos y ejecutados políitcos sin entrega de cuerpos y a connacionales desaparecidos en el extranjero.

El caso que motivó  el procedimiento seguido ayer en la Casa de los Dd.HH. es el de Silvio Francisco Bettancourt Bahamondez, joven ingeniero petroquímico de Enap y militante del Mapu, desaparecido tras intentar escapar a Argentina luego del golpe de Estado. Su rastro se perdió hace 51 años. Su historia, marcada por la solidaridad de compañeros de militancia y el miedo que imperaba en esos días, sigue siendo una herida abierta en Magallanes. Una herida que la justicia ha tardado demasiado en intentar sanar.

Que hoy se activen mecanismos técnicos e interinstitucionales para esclarecer su destino -y potencialmente el de otros casos de violación de derechos humanos en la región- es un paso que merece ser valorado. No sólo porque acerca a sus familiares a la verdad que se les ha negado durante medio siglo, sino porque también dignifica la memoria colectiva de una región que no puede seguir mirando al pasado con evasión o indiferencia.

El Plan Nacional de Búsqueda no busca reabrir heridas, como algunos erradamente sostienen. Busca, más bien, cerrarlas con verdad, justicia y reparación. Por eso es relevante que estas acciones se acompañen de una institucionalidad comprometida, una ciudadanía informada y una academia -como la Universidad de Magallanes- dispuesta a colaborar con conocimiento y tecnología.

La memoria no puede depender del calendario ni del clima político.