Magallanes tendrá ecomercado solidario

• La medida, que forma parte de la política nacional de seguridad alimentaria y cuidados, permitirá redistribuir alimentos aptos para el consumo a familias vulnerables, especialmente aquellas que ejercen labores de cuidado.

En el marco de una visita a la Región de Magallanes, el director nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), Nicolás Andrés Navarrete, anunció la implementación del primer ecomercado solidario en la zona, iniciativa que busca enfrentar la inseguridad alimentaria mediante la redistribución de alimentos no comercializados, pero aptos para el consumo humano. El proyecto, actualmente en etapa de licitación, forma parte de una red nacional de bancos públicos de alimentos que ya opera en nueve regiones del país y que se extenderá a todo el territorio durante 2025.

“Magallanes estará incluida en esta expansión y ya abrimos la licitación que debería cerrarse a fines de julio. Es parte de una política estructural de seguridad alimentaria vinculada al Sistema Nacional de Cuidados”, explicó Navarrete. El anuncio se enmarca dentro de una estrategia más amplia de descentralización y fortalecimiento del rol social del Estado en regiones extremas.

El funcionamiento del ecomercado consiste en recuperar alimentos que no entran a los canales de venta por razones logísticas, estéticas o administrativas, como frutas con formas irregulares, abarrotes con etiquetas defectuosas o productos que no llegaron a destino a tiempo, para luego redistribuirlos entre personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de Magallanes, también se espera contar con artículos que quedan retenidos en pasos fronterizos, pero que están en buen estado y son aptos para el consumo.

Las entregas serán quincenales y las canastas tendrán entre cinco y diez kilos de alimentos y otros artículos básicos. El foco estará puesto en familias que ejercen cuidados: mujeres a cargo de personas con dependencia severa, niños con condiciones crónicas o adultos mayores.

La medida se suma a otros esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la cohesión social y enfrentar la pobreza multidimensional, entre ellos el programa de compras colectivas “Juntos Más Barato”, la expansión del programa de habitabilidad y el impulso a la formalización de emprendimientos como vía de inclusión económica.

Presencia en
territorios aislados

El fortalecimiento de la presencia territorial ha sido otro de los ejes centrales de la gestión del Fosis en la región. Al inicio del actual gobierno, la institución contaba con cobertura efectiva solo en tres comunas de Magallanes. Hoy, esa cifra se ha duplicado, alcanzando seis comunas con oferta programática activa. Este crecimiento ha sido posible gracias a una estrategia deliberada de descentralización que busca llevar los servicios del Estado a localidades que históricamente han quedado fuera del alcance institucional, como San Gregorio, donde no se ejecutaban programas desde hace más de una década. La expansión ha implicado también una redefinición operativa, con mayor despliegue en terreno, uso mixto de plataformas digitales y atención presencial, reconociendo las particularidades geográficas y sociales del territorio austral. Si bien esto representa un mayor costo logístico, desde Fosis se ha planteado como una inversión necesaria para acortar brechas estructurales y responder a los desafíos de acceso que enfrentan las comunidades más aisladas.

En la reciente intervención, cinco mujeres emprendedoras se incorporaron a un proyecto grupal para adquirir herramientas y maquinaria, además de generar nuevas rutas de comercialización fuera de la comuna. “San Gregorio tiene un mercado muy pequeño, por eso es clave trabajar no solo en la producción, sino también en cómo articular redes que les permitan vender en otros lugares. Eso requiere estar presentes, escuchar y adaptar la oferta”, explicó el director.

La formalización de
emprendimientos

Fosis también está enfocando su acción en la formalización del emprendimiento, particularmente en etapas avanzadas. Todos los proyectos de esta línea ahora incluyen un curso obligatorio de formalización, y más de 5.000 personas son capacitadas anualmente en alianza con la Defensoría del Contribuyente. Esta dimensión se aborda como parte central del combate a la pobreza multidimensional.

“La informalidad no es sólo un problema tributario. Es una forma de exclusión que impide a las personas acceder a derechos, seguridad social y a un desarrollo sostenible”, advirtió el director.