No es tu casa: el Estado te la alquila… y tú pagas

En 1960, un devastador terremoto arrasó el sur de Chile. Para enfrentar la emergencia, el Estado implementó un impuesto a las viviendas: “Las contribuciones”. Se prometió que sería temporal, una medida excepcional para la reconstrucción, por este motivo, es posible que los valores de los avalúos no se actualizaban a la realidad; sin embargo, las ambiciones impositivas de los gobiernos no conocen límites y vieron un oportunidad de aumento de ingresos.

Pero, como tantas veces en la historia del país, lo “transitorio” se volvió permanente. Algo similar ocurrió con el impuesto específico a los combustibles tras el terremoto de 1985, pero con un agravante: las contribuciones se convirtieron en un mecanismo de asfixia fiscal para miles de familias.

Hoy, más de seis décadas después, ese impuesto no solo persiste, sino que se ha distorsionado hasta volverse abusivo, injusto y desproporcionado.

De medida de emergencia a carga insostenible

Lo que comenzó como una solución puntual se transformó en un lastre para los chilenos. En este país, aunque trabajes toda tu vida, aunque te endeudes por décadas para comprar una casa y aunque pagues impuestos sobre cada peso que ganas, el Estado te exige tributar una y otra vez por ese mismo bien, (cuando en rigor solo deberías pagar impuestos por tus ingresos nuevos), si no puedes pagar, no hay clemencia: llegan las multas, los intereses y, finalmente, el remate de tu propiedad, en resumen no eres nunca dueño de tu casa. Así opera el sistema: implacable con el ciudadano, pero complaciente con los privilegios políticos.

El saqueo legalizado: avalúos fiscales y corrupción

Desde 2018, las contribuciones han escalado de manera escandalosa. Los avalúos fiscales —ese artificio contable que determina cuánto debes pagar— se dispararon más de un 100% aproximadamente. Y desde 2022 a la fecha otro 100%, los incrementos no han cesado,… como tampoco los casos de corrupción. ¿El motivo? Simple: el gobierno necesita más recursos. Pero no para mejorar la salud, la seguridad o las pensiones. No. Los requiere para financiar una maquinaria estatal obesa: para repartir cargos entre allegados, crear ministerios redundantes y sostener una burocracia que solo sirve a sus propios intereses.

 Los verdaderos afectados: los que no tienen voz

Mientras en los pasillos del poder se reparten prebendas y privilegios, ¿quién asume el costo? Siempre los mismos:

– El adulto mayor que debe elegir entre comprar medicamentos o pagar las contribuciones.

– La familia que apenas sobrevive al mes y recibe una notificación por el alza del avalúo.

– El joven que, tras años de esfuerzo, compra su casa pero renuncia a formar una familia al entender que nunca será dueño real: si falla un pago, el Estado se la arrebatará.

Basta de normalizar lo injusto

Las contribuciones ya no son un impuesto: son una trampa legalizada. Una amenaza constante para la clase media, para quienes ahorran y para los que sueñan con un techo propio. Es un tributo que penaliza el esfuerzo, el ahorro y la estabilidad, por lo que debe ser eliminado o racionalizado a la brevedad por el bien de la Libertad y de nuestro querido Chile.