Primeros proyectos del Plan de Zonas Extremas podrían comenzar a licitarse en 2026
El próximo año podrían comenzar a ejecutarse los primeros proyectos del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, documento que, tras su aprobación por el Consejo Regional de Magallanes, hoy se encuentra en proceso de revisión por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para la posterior firma del decreto presidencial que disponibilizará los recursos comprometidos.
Desde el gobierno regional estiman que todo este trámite se encuentre finalizado a más tardar en septiembre. En tanto, el secretario regional ministerial de Obras Públicas, José Luis Hernández, indica que esperan que el decreto vea la luz en agosto para pasar por toda la tramitación del Core y tener licitaciones adjudicadas a comienzos del año próximo.
Varios de los 105 proyectos que contempla esta inversión planificada deberán obtener la Recomendación Satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social, proceso en donde serán evaluados bajo el criterio costo–eficiencia. Sin este plan, la evaluación se realizaría bajo la fórmula costo–beneficio.
Luego, cada uno de los proyectos ingresaría al Consejo Regional, donde serían analizados en las comisiones respectivas del órgano colegiado. Recién después de ese paso, bajaría a sanción del pleno del Consejo Regional para su aprobación o rechazo.
Si el Consejo da luz verde, la iniciativa pasa a visación por parte de la Dirección de Presupuestos. Sólo después de este proceso se podrá llamar a licitación en la plataforma Mercado Público.
Obras Públicas señala que las primeras obras en comenzar a ejecutarse serían el camino 4 de Huertos Familiares, la segunda etapa del muelle multipropósito de Puerto Williams y la Ruta Y-71.
Más de dos mil empleos podrían generarse sólo con las inversiones que ejecutará el Ministerio de Obras Públicas mediante fondos del Plan de Zonas Extremas en su primer año de ejecución. Esta cartera será la que administre la mayor cantidad de recursos, con $1,4 billones asignados, lo que representa más de dos tercios del monto total aprobado por los consejeros regionales.