Derechistas denuncian a Flies en Contraloría por presuntos delitos en compra de casa de acogida

• La vivienda fue adquirida por el Gore por $797 millones y será entregada en comodato; su remodelación costará $432 millones adicionales.

Una denuncia formal por presuntas irregularidades administrativas y eventuales hechos constitutivos de delito fue ingresada en Santiago por seis consejeros regionales y dos parlamentarios de derecha ante la Contraloría General de la República, en contra del gobernador regional Jorge Flies Añón. El cuestionamiento se centra en la compra de una propiedad para ser destinada como Casa de Acogida para el Servicio de Protección Especializada, conocido como Mejor Niñez.

La denuncia fue respaldada por el senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson y los consejeros Robert Weissohn, Rodolfo Arecheta, Roxana Gallardo, Max Salas, Hernán Soto y José Luis Paredes.

Según el escrito, el gobernador Flies aprobó, sin inhabilitarse y sin licitación pública, la compra por parte del Gore de un inmueble en Avenida Alessandri por $797 millones, propiedad del actual juez tributario y aduanero, Sergio Vera Aparicio. La propiedad será entregada en comodato al Servicio de Protección como residencia para adolescentes, y su habilitación implicará una inversión adicional de $432 millones, totalizando $1.229 millones en fondos públicos.

Lo más grave, según los denunciantes, es que tres semanas después de la compraventa, el juez Vera adquirió una consulta médica por $400 millones a una sociedad en la que la esposa del gobernador Flies (Paola Amaro) tiene un 33% de participación, lo que podría configurar -a jucio de estos personeros políticos- conflicto de interés, cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco.

Además, la denuncia menciona vínculos personales entre funcionarias del Servicio Mejor Niñez y las arquitectas que realizaron la tasación del inmueble, informes técnicos contradictorios y la falta de una resolución fundada que justificara la compra directa. Los personeros de derecha exigieron que estas indagatorias sean lideradas por la Contraloría a nivel central, ya que acusan que en Magallanes existe “la omisión de fiscalización”.

“Resulta fundamental que cualquier hecho cuestionable sea investigado con rigor, garantizando que no queden dudas sobre su legitimidad o transparencia”, declaró el senador Kusanovic uno de los principales denunciantes.

Dudas por trato directo

El Magallanes accedió en marzo pasado, vía Ley de Transparencia, a documentos sobre la adquisición del inmueble, entregados por el gobierno regional y el Servicio de Protección Especializada. En un reportaje publicado por este semanario, se explicó que la venta fue gestionada por la corredora Claudia Fernández Giner, quien afirmó que la primera visita a la propiedad fue en 2022 y que desde entonces se trabajó con la institución, enviando numerosos antecedentes hasta concretar la venta el año pasado.

Desde Mejor Niñez explicaron que se utilizó la “Metodología general de preparación y evaluación social de proyectos”, que considera análisis técnico, social y económico. Aseguran haber evaluado “al menos 15 inmuebles, referidos por más de 12 corredoras de propiedades”, pero sólo la propiedad adquirida fue visitada y tasada.

“Jamás nos llamaron ni dijeron si las podían visitar, nada”, señaló en su momento el corredor Mario Drpic, consultado por El Magallanes, quien envió cuatro ofertas de propiedades.

Pese a que el acceso a transporte público era un requisito para la selección, la mala conectividad del sector escogido obligará al Servicio a garantizar la movilización de los residentes. Esta deficiencia fue uno de los puntos planteados por vecinos en una carta a la Contraloría, donde también se cuestionó la ubicación periférica del inmueble, la falta de servicios públicos, estacionamientos y locomoción.

En aquella oportunidad, se indicó que los antecedentes serían remitidos a la Contraloría General en Santiago.

Gobernador Flies anunció querella por injurias y calumnias contra consejeros y parlamentarios

“Traspasaron los límites personales”, así calificó el gobernador regional, Jorge Flies, la denuncia ante Contraloría presentada por los seis consejeros regionales y dos parlamentarios de derecha, en la cual lo acusan de cometer graves irregularidades administrativas y posibles hechos constitutivos de delito en la compra de una casa destinada a Mejor Niñez.

En esta trama, los denunciantes involucraron a la sociedad médica de la esposa de gobernador, Paola Amaro, quien tiene un 33% de participación. Según la presentación de estos personeros de oposición, tres semanas después de concretarse la compra de la casa para un hogar de Mejor Niñez al juez tributario y aduanero, Sergio Vera Aparicio, éste adquirió una consulta médica por $400 millones a la referida sociedad. Para los cores y parlamentarios de derecha, esta transacción podría configurar un conflicto de interés, cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco.

La denuncia ante Contraloría fue formulada por el senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson y los consejeros regionales Robert Weissohn, Rodolfo Arecheta, Roxana Gallardo, Max Salas, Hernán Soto y José Luis Paredes, además del exconsejero regional y excandidato a gobernador regional, Alejandro Riquelme.

Este involucramiento provocó que Flies anunciara que en los próximos días presentará una querella por injurias y calumnias en contra de quienes públicamente hayan manchado el nombre de su cónyuge, haciendo ver que, en sus años de vida política, ello nunca había sucedido. “Personalmente, esto no lo vamos a aceptar”, añadió Flies con un tono molesto.

Al ser consultado sobre si esta querella iba a ser dirigida en contra de quienes levantaron esta denuncia, Flies no indicó nombres.

El gobernador regional descartó de plano lo dicho por los consejeros y parlamentarios de derecha. “Van a tener que demostrarlo y demostrarlo muy bien”, los encaró Flies.

“Se hizo hace un año atrás, la aprobación del Consejo Regional, así que no hay ninguna relación con alguna situación familiar o personal que no me voy a referir porque esas son acciones entre privados”, complementó Flies.

La compra de la casa

Según un comunicado público enviado en la mañana de ayer, los denunciantes aseguran que la compra de la casa para Mejor Niñez tuvo una serie de irregularidades, como vínculos personales entre funcionarias del Servicio Mejor Niñez y las arquitectas contratadas para la tasación del inmueble, informes técnicos contradictorios, y la falta de una resolución fundada que justificara la compra directa.

“Nuevamente tenemos una denuncia de un sector concertado acá, un senador de derecha, un diputado de derecha, consejeros de derecha llamativos”, hizo ver Flies, quien explicó que la adquisición de la casa fue realizada por el Servicio Mejor Niñez y que la compra fue materializada por el gobierno regional, ya que en ese momento la normativa (glosa prespuestaria) impedía firmar convenios de mandato con otros organismos públicos. Por ello, las adquisiciones debían quedar a nombre del Gore y entregarse en comodato a las instituciones beneficiarias.

Flies aseguró que la adquisición del inmueble cumplió con todos los estándares establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social.

La administradora regional, Eugenia Mancilla, explicó que el proceso comenzó con una fallida propuesta de adquisición de inmueble por parte de Mejor Niñez, cuyo oferente se desistió. A raíz de ello, el servicio inició una nueva búsqueda y en el primer semestre de 2024 presentó al gobierno regional un informe con la evaluación de cuatro propiedades, seleccionando una que finalmente fue adquirida.

El acuerdo del Consejo Regional para comprar la casa se adoptó el 3 de julio de 2024 y el proceso de compra se completó con la escritura e inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, quedando finiquitada hacia el 20 de diciembre pasado.

El inmueble fue evaluado por sus características técnicas, necesarias para albergar a niños infractores de ley, sin considerar quién era el vendedor.

Seremi: se revisaron más de 15 alternativas para casa de Mejor Niñez

Ante los cuestionamientos planteados por parlamentarios y consejeros regionales, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, a través de un comunicado de prensa, defendió la legalidad y pertinencia del proceso de adquisición del inmueble destinado a implementar un modelo de cuidados residenciales para niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración grave de derechos.

“Este proceso se ha llevado a cabo de manera correcta, con el objetivo de adquirir una vivienda que cumpla con el modelo de cuidados residenciales que impulsa el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”, afirmó Mimica, destacando que se buscó una propiedad con características familiares, segura, acogedora y con buena conectividad urbana.

Durante la búsqueda, se revisaron más de 15 alternativas ofrecidas por distintas corredoras de propiedades. La elección final se basó en el cumplimiento de requisitos técnicos y en el valor de mercado, respaldado por dos tasaciones independientes. Posteriormente, la propuesta fue presentada al gobierno regional a través de la Dirección de Presupuesto de Inversión Regional y aprobada conforme a la normativa vigente.