Justicia civil para el caso Hércules

La Corte Suprema ha puesto fin a una contienda jurídica que parecía buscar enturbiar el camino hacia la verdad. El máximo tribunal del país resolvió que el juicio por el accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, ocurrido en diciembre de 2019 y que costó la vida a 38 personas, debe continuar su tramitación en la justicia ordinaria. Un paso que no sólo es correcto desde el punto de vista legal, sino también desde la perspectiva ética y social.

El fallo es claro: al tratarse de un hecho ocurrido en tiempo de paz, fuera de cualquier contexto bélico o de campaña, y con víctimas civiles directas, corresponde que el caso sea conocido por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Lo que en principio parece una definición técnica -jurisdicción civil versus militar- tiene implicancias de fondo. Porque cuando se intenta trasladar un caso de este tipo a la justicia militar, no se trata únicamente de una disputa de competencias. Lo que está en juego es el derecho de las víctimas y sus familias a un juicio transparente, imparcial y libre de subordinaciones institucionales.

No puede pasar inadvertido que la intención de derivar el caso a la justicia de Aviación -cuya figura central es un general en servicio activo- generaba, por lo menos, una sospecha de parcialidad. Más aún cuando, como señalaron los abogados querellantes, esta contienda fue creada de forma “artificial”, impulsada por defensores colaterales más que por los propios imputados. Intentar blindar a una institución bajo el alero de una jurisdicción que existe para fines específicos y excepcionales no sólo vulnera el principio de igualdad ante la ley, sino que daña la confianza pública en el Estado de derecho.

La Corte ha recordado que la competencia militar debe interpretarse de forma restrictiva en tiempos de paz. Ese estándar, que se ajusta al espíritu democrático y republicano del sistema judicial, es vital para que casos como este se resuelvan con legitimidad. Que la justicia ordinaria sea quien determine responsabilidades -si las hay- fortalece el proceso judicial y honra la memoria de las víctimas y respeta el dolor de sus familias.

Este fallo también instala un mensaje para el país: la búsqueda de verdad y justicia no puede subordinarse a lógicas corporativas ni defensas institucionales automáticas. En un Estado democrático, las Fuerzas Armadas deben responder, como cualquier otro actor, ante la ley común cuando sus acciones u omisiones afectan gravemente a ciudadanos.

El accidente del C-130 fue una tragedia nacional, pero su investigación también será una prueba de madurez institucional. La decisión de la Corte Suprema no repara el daño, pero allana un camino más legítimo para que la verdad emerja.