Tarifas eléctricas al alza

Julio comenzó con una noticia que ya se había anticipado, pero no por eso es menos preocupante: una nueva alza en las tarifas de electricidad que afectará directamente a millones de hogares en todo el país. A nivel nacional, el incremento promedio alcanza el 7,1%, aunque en algunas comunas podría superar el 11%. En Magallanes, la cifra es algo menor -4,7%-, pero eso no es consuelo para una región donde la cuenta de la luz ya se ha elevado en cuatro ocasiones en el último año y donde, a diferencia del resto país, las horas de luz diurna se reducen significativamente, generando un aumento importante en el consumo eléctrico.

Lo que se vive hoy es el resultado acumulado de una política tarifaria que congeló los precios durante cinco años. Este congelamiento, impulsado como medida de contención social tras el estallido de 2019, logró su objetivo inmediato: evitar que las cuentas se dispararan en un momento de crisis. Pero como toda medida transitoria sin solución estructural, tuvo un costo. El sector eléctrico arrastra una deuda estimada en 6 mil millones de dólares, y empresas regionales, como la Eléctrica de Magallanes, han dejado de percibir decenas de millones. La factura, tarde o temprano, debía pagarse.

El actual “sinceramiento” de las tarifas forma parte de ese proceso, que ahora se ajusta mensualmente según la inflación y los costos del sistema. Pero el sinceramiento tiene un impacto real en los bolsillos de las personas, especialmente en regiones como Magallanes. Que la tarifa suba “menos” que el promedio nacional no borra el hecho de que desde julio pasado a enero de este año la cuenta de luz ya había subido un 58% en la región.

El gobierno ha anunciado medidas para mitigar el impacto, como la apertura del subsidio eléctrico para los hogares más vulnerables. Este subsidio, que puede ir desde los $40.000 hasta los $70.000 dependiendo del tamaño del hogar, es una señal de preocupación social. Pero también evidencia lo limitado del margen: sólo el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares podrá acceder, y además se requiere estar al día en los pagos, lo cual excluye precisamente a muchos de quienes más lo necesitan.

El subsidio puede ser un alivio temporal, pero no reemplaza una discusión más profunda y estructural sobre el modelo energético del país. ¿Puede Chile seguir dependiendo de ajustes tarifarios tan abruptos? ¿Qué pasa con los incentivos a la eficiencia energética o la inversión en energías limpias y descentralizadas en zonas extremas? ¿Qué rol tiene el Estado en asegurar que la energía -un servicio esencial- sea accesible, justa y sostenible?

En definitiva, la estabilización tarifaria era inevitable. Pero su implementación deja preguntas abiertas sobre equidad, gradualidad y responsabilidad política. Mientras tanto, miles de familias en Magallanes y en todo Chile verán aumentar sus cuentas de luz una vez más. Y en un contexto de alzas sostenidas en el costo de la vida, esa luz que encendemos cada día se vuelve, literalmente, más difícil de pagar.