Derechos en papel: las barreras que enfrentan los adultos mayores en situación de abandono

Una realidad compleja y cada vez más frecuente enfrenta el equipo de trabajo social del Hospital Clínico de Magallanes: personas mayores en situación de dependencia que han sido abandonadas por su familia, o que no tienen redes de apoyo, y que carecen de apoyo económico para costear cuidados básicos. 

La jefa del Departamento de Participación Ciudadana y Trabajo Social del centro asistencial, Lorena Andrade Gómez, expresó su preocupación ante los múltiples obstáculos que impiden que los adultos mayores accedan efectivamente a pensión de alimentos. “Desde el Hospital Clínico se ha denunciado el abandono de los hijos, obteniendo distintas respuestas desde el tribunal porque si bien es cierto los hijos tienen deberes con los padres, nos encontramos muchas veces con hijos que han sido abandonados en la infancia temprana por sus progenitores, han sido víctimas de violencia intrafamiliar, maltrato grave e incluso abuso sexual por lo que es difícil también para el Tribunal obligarlos a cumplir su obligación legal en estos contextos”, señala Andrade.

A lo anterior se suma otra realidad: “Muchos de estos hijos tienen bajos sueldos, o están a cargo del otro progenitor. Y cuando finalmente se le impone un monto, este generalmente no alcanza para pagar un Eleam privado, y menos aún para contratar un cuidador. Es decir, la herramienta legal existe, pero es de difícil aplicación, por lo tanto, no resuelve el problema de fondo”, reforzó la profesional.

Desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) Magallanes sostienen que el Código Civil contempla el derecho a demandar alimentos a sus hijos, previa mediación familiar obligatoria. En caso de no llegar a acuerdo, la persona mayor puede iniciar una demanda ante el Juzgado de Familia correspondiente, con patrocinio de un abogado. Si la pensión es decretada y no se cumple, la ley contempla medidas de apremio como retención de sueldos o arresto por incumplimiento.

Sin embargo, desde la coordinación regional recalcaron que Senama no tiene facultades legales para representar judicialmente a los adultos mayores, limitándose a entregar orientación jurídica y a activar redes como las Corporaciones de Asistencia Judicial o clínicas jurídicas universitarias. “Como coordinación regional no hemos representado casos de pensión de alimentos para personas mayores, pero mantenemos activa la articulación con entidades competentes”, indicaron.