Colegio de Profesores denuncia estancamiento de compromiso ministerial

La presidenta comunal del Colegio de Profesores, María José Rodríguez, manifestó su preocupación por la falta de avances en la implementación del bono de mención para educadoras de párvulos y educadores diferenciales, compromiso asumido por el Ministerio de Educación en 2023, bajo la administración del exministro Marco Antonio Ávila.

En ese entonces, el titular de la cartera firmó un acuerdo con el magisterio para conformar una mesa técnica destinada a estudiar y proyectar la incorporación del pago por especialización a estos niveles educativos, históricamente excluidos del beneficio. Dicho bono, que sí es percibido por docentes de otras asignaturas, busca reconocer el mérito académico de quienes han cursado menciones o especializaciones en su formación profesional.

Aquel año se instaló una mesa técnica de trabajo, cuyos resultados dieron cuenta del total de los docentes afectados por la discriminación salarial que les afecta (no pago del bono por especialización), recalcando que estas profesiones son principalmente ejercidas por mujeres, la mayoría de ellas jefas de hogar, que ven mermados sus ingresos por no recibir este bono, que sí se paga a otros profesores con especialidad.

Pese a las expectativas que generó el compromiso ministerial, desde el gremio advierten que han transcurrido ya dos años sin avances concretos ni indicios de un proyecto de ley con iniciativa del Ejecutivo que pueda subsanar esta desigualdad. “Las mesas de trabajo sin cronogramas, sin metas ni voluntad política terminan por convertirse en instancias simbólicas que no rinden frutos. Las y los docentes de estos niveles están cansados de ser postergados por un sistema que no valora su rol en el desarrollo integral de los estudiantes”, sostuvo la dirigenta.

Desde el Colegio de Profesores reiteraron el llamado al actual Ministerio de Educación para que retome con urgencia este proceso y cumpla con lo comprometido. A juicio de la dirigencia comunal, no se trata solo de una demanda salarial, sino de justicia laboral y reconocimiento efectivo del aporte que realizan miles de docentes al sistema educativo chileno.