Denuncian amenazas y maltrato sistemático a recluso con discapacidad en la cárcel local
La “Agrupación Sueños de Libertad” elevó una denuncia formal ante el ministro de Justicia y la Dirección Nacional de Gendarmería por el trato vejatorio que estaría recibiendo el recluso Agustín Muñoz (27 años), con graves secuelas neurológicas en el Centro Penitenciario de Punta Arenas. El joven, quien en 2019 sufrió un accidente automovilístico que le provocó pérdida de la mitad del cráneo, recibiendo un implante de titanio desde el cráneo hasta la cuarta vértebra cervical, hemiplejia derecha y epilepsia recurrente, enfrenta desde su ingreso al recinto en enero de 2024 un calvario de maltratos institucionales.
Según el relato documentado por la agrupación, la madre del recluso, Beatriz Muñoz, ha registrado múltiples incidentes de hostigamiento por parte de gendarmes. El caso más grave ocurrió en junio, cuando durante un traslado hospitalario, un funcionario habría provocado la caída de Agustín mientras éste permanecía grilleteado, hecho presenciado por personal de salud que levantó constancia. A esto se suma la denegación reiterada de atención médica adecuada, limitándose su tratamiento a analgésicos básicos como paracetamol y tapsin, pese a sus complejas condiciones neurológicas.
La situación escaló el 15 de julio cuando, tras una reunión de la agrupación con autoridades penitenciarias donde se expuso el caso, Agustín habría sido intimidado por el alcaide subrogante con frases como “si sigue reclamando a su madre lo van a sancionar y cambiar de módulo”. Otros gendarmes agregaron comentarios denigrantes como “deja de estar webiando por los Tapsin”, según el testimonio del propio recluso recogido por su abogada Karen Barría, directora de la agrupación.
En su carta, la organización exige una investigación inmediata por violación al Código Etico de Gendarmería, garantías de no represalias, atención médica especializada y el respeto al trato digno que establece la ley. “Estamos frente a un caso emblemático de vulneración sistemática de derechos humanos al interior de nuestro sistema carcelario”, señala el documento, que además alerta sobre el patrón de descredito que sufren los testimonios de los reclusos frente a las versiones de los funcionarios.
El caso se conoce en medio de crecientes cuestionamientos al sistema penitenciario magallánico, particularmente por las condiciones de reclusión y trato a personas con discapacidad. Hasta ahora, ni el Ministerio de Justicia ni Gendarmería Nacional han respondido a las acusaciones, mientras la agrupación anuncia que intensificará su campaña de documentación de irregularidades. “No permitiremos que la impunidad institucional siga perpetuando estos abusos”, advirtieron desde la organización, que mantiene abiertos sus canales de contacto para recibir más testimonios sobre vulneraciones de derechos en el centro penitenciario.




