Anef Magallanes cuestiona efectividad de la Ley Karin ante la existencia de múltiples denuncias sin respuesta

• Entre las propuestas adicionales destaca la creación de un registro público de personas sancionadas por conductas de acoso, maltrato o violencia laboral.

Aun año de la entrada en vigencia de la Ley Karin, la presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) de Magallanes, Evelyn Córdova Marín, señaló que no existe una evaluación positiva de la herramienta legal, debido a la persistencia de múltiples denuncias sin respuesta y una evidente sobrecarga en la Dirección del Trabajo, organismo encargado de fiscalizar su cumplimiento.

La Anef a nivel regional trabajó en un conjunto de observaciones que fueron presentadas al Ejecutivo. Entre las principales críticas figura la posibilidad de desestimar denuncias por parte de la autoridad, lo que contrasta con el sector privado, donde todas las denuncias deben ser investigadas sin excepción.

Otra observación relevante apunta a que, a sugerencia del fiscal, no se aplique el periodo de inhabilidad de cinco años para trabajar en instituciones del Estado en casos de destitución. Desde la Anef se sostiene que esta omisión relativiza la gravedad de las situaciones de violencia, acoso y maltrato, validando la permanencia de personas agresoras en entornos laborales, y debilitando los espacios de trabajo y sus climas organizacionales. Se propone que, incluso una vez cumplido el plazo, toda persona sancionada sea sometida a exámenes psicológicos de control de ira y excluida de cargos con personal a su cargo.

Asimismo, se solicita eliminar la figura del acoso laboral vertical ascendente, es decir, la posibilidad de que una autoridad denuncie por acoso a un subordinado. Según la Anef, esta figura podría utilizarse de forma revanchista o como mecanismo de sanción indirecta en contextos donde la normativa no lo permite, generando nuevas formas de vulneración de derechos.

Otro vacío identificado se genera cuando la persona afectada presenta su denuncia una vez expirado su vínculo laboral. Ante esto, se propone que la ley otorgue un plazo de seis meses para denunciar casos de acoso laboral y que, en casos de acoso sexual, no exista prescripción.

Entre las propuestas adicionales destaca la creación de un registro público de personas sancionadas por conductas de acoso, maltrato o violencia laboral, así como restricciones para que personas con denuncias o sanciones por violencias de género, derechos humanos o conductas incívicas puedan intervenir en procesos administrativos o investigaciones.

La Prensa Austral consultó a la seremi del Trabajo sobre este balance, pero transcurridos dos días no hubo respuesta.

Empleados públicos marchan hoy contra proyecto
que modifica subsidio por incapacidad laboral

Anef Magallanes ha convocado a una jornada de movilización para hoy, a las 10,30 horas en la Plaza Diagonal Don Bosco, en rechazo al proyecto de ley que busca modificar el régimen del subsidio por incapacidad laboral en la administración pública. La medida legislativa, ingresada por el Ejecutivo al Senado el pasado 9 de julio con urgencia simple, ha generado un amplio rechazo tanto a nivel regional como nacional dentro del sector público.

La convocatoria es realizada por Evelyn Córdova, presidenta de Anef Magallanes, quien señala que el proyecto no fue consultado ni presentado a las organizaciones representativas del sector, como la Mesa del Sector Público o la propia Anef, situación que ha sido calificada como una vulneración al principio de diálogo social. Desde la organización gremial se advierte que el proyecto constituye un retroceso en materia de seguridad social, ya que introduce restricciones como topes en las remuneraciones, requisitos de antigüedad previsional y nuevas carencias, afectando directamente a los trabajadores públicos que se encuentren en situación de enfermedad.

Según ha planteado Anef a nivel nacional, se trata de una iniciativa que busca generar una restricción fiscal estimada en 180 mil millones de pesos anuales, cifra que dejarían de percibir los trabajadores al hacer uso del derecho a licencia médica. Para la organización, el proyecto vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos, consagrado en tratados internacionales suscritos por Chile, y acentúa las desigualdades estructurales que enfrentan los funcionarios públicos, quienes ya se ven excluidos de derechos laborales como la negociación colectiva o el subsidio de cesantía.

Desde la dirigencia se ha insistido en que el régimen vigente, que permite el pago íntegro de remuneraciones durante una licencia médica con reembolso posterior al empleador público, es una medida legalmente sustentada y financieramente viable, que cumple con estándares internacionales de trabajo decente y dignidad en el empleo público.

La movilización en Magallanes se enmarca en una serie de acciones que Anef ha comenzado a desplegar en todo el país. En caso de que el proyecto no sea retirado, la organización ha advertido que podría convocarse a un paro nacional del sector público.