A un año de fatal atropello protagonizado por motoniveladora municipal familia cuestiona inactividad de la investigación

Este 22 de julio se cumplió un año del accidente protagonizado por el operador de una motoniveladora de la Municipalidad de Punta Arenas, que costó la vida de Yerca Filipic Aguila, de 84 años. El hecho se produjo en horas de la tarde de aquel día, en calle Enrique Abello esquina Padre Savarino, pasado Avenida España, hacia el cerro.

Hasta la fecha la familia siente que no se ha hecho justicia, pues la causa penal no ha sido judicializada.

Lo anterior motivó que el pasado 18 de julio, la única hija de la víctima, Sindy Hechenleitner Filipic, hiciera llegar una carta al fiscal regional, Cristián Crisosto Rifo, exteriorizando “su profunda preocupación y desazón frente a la nula actividad de la Fiscalía, servicio público que Ud. representa en la región, en que ha quedado claro que no se está cumpliendo con el mandato constitucional ni legal, toda vez que al cabo de un año, jamás me han llamado para escucharme como víctima, ni menos para explicarme lo que se ha hecho o lo que ocurrirá con esta causa, así el Ministerio Público desoye su obligación, conforme principalmente al art. 109, 109 ter y 110, todos del Código Procesal Penal”.

“Dentro de esta incertidumbre, añade la hija de la víctima, por falta de oportunidad en la información, me acerco a la Uravit y lamentablemente, debo constatar que la investigación se encuentra virtualmente paralizada y sin avances apreciables, con escasas diligencias, así me fue informado por la jefa de Uravit. Frente a este escenario, me veo en la obligación personal y familiar de dirigirme a la Fiscalía Local y acreditarme como víctima durante el día 18 de julio, a fin de poder hacer algo siquiera que mitigue el dolor causado por la muerte de mi madre en un accidente vial, en que la imprudencia del conductor quedó palpable y visible”.

En ese doloroso contexto, agrega, “la muerte de mí madre se ha transformado en una pena inconmensurable, aún más, producto de la inactividad de la Fiscalía, llamada a investigar un hecho como este que me aqueja, revictimizándome, sin apoyo, sin información, sin nada. Para quienes amábamos a mí madre, esta indiferencia institucional no la puedo permitir, por lo que me armé de valor y fui el día de hoy (18 de julio) a la Fiscalía, pidiendo hablar con el fiscal Sebastián González sólo 2 minutos para que me escuchara, pero no me dieron esa posibilidad siquiera, cayendo en burocracia e indolencia”.

Plantea que “en mi caso, y en el de mi familia, hemos sido testigos de cómo, tras un año, no hemos sido citados a declarar -como ya lo enuncié-, no contamos con informe Siat alguno respecto de la dinámica del accidente, no hay levantamiento de planos del lugar, no sabemos si hubo sumario administrativo en la municipalidad ni su resultado, no sabemos si se hizo un peritaje fotográfico ni planimétrico, si se empadronó a los testigos, si la autopsia arrojó indicios sobre la magnitud del impacto sufrido por mi madre al ir cruzando por un paso de cebra, por el que pasaba diariamente al ir a comprar al supermercado, en realidad no sé nada”.

Peor aún, señala, “hasta la fecha no existe persona formalizada y la carpeta investigativa permanece prácticamente estática, según lo informado por la jefa de Uravit, ya que aún no he solicitado las copias, pues debo requerirlas para poder ver o saber lo que pasó con mi madre ese fatal día. Me resulta particularmente doloroso constatar que, habiendo figurado en los titulares de los diarios regionales todos estos antecedentes, no se hayan realizado las diligencias mínimas y elementales que todo procedimiento de esta gravedad demanda. Así, no sólo se vulnera mi derecho y el de mi familia a la verdad y a la justicia, sino también se priva a la comunidad de la certeza de que los órganos públicos cumplen con sus cometidos constitucionales y legales”.

Sindy Hechenleitner expone que “la prolongada inacción institucional que veo en este caso y que me afecta como víctima no solamente es inadmisible, sino que hiere hondamente el derecho a la dignidad mío y de mi familia y no ha permitido el cierre necesario para este proceso de duelo, con ello, también lesiona la confianza pública en la administración de justicia penal e impacta en la paz social, pues los hechos no se han esclarecido”.

En consecuencia, solicita “se pida informe al fiscal adjunto que lleva la causa y éste explique el por qué de la inactividad en esta investigación, se instruya que se efectúen todas las diligencias del caso y se determine prontamente las responsabilidades penales que correspondan, citándome al efecto también para ser escuchada en una declaración como testigo-víctima indirecta, pues soy la única persona que tiene ese rol, como hija única. Asimismo, pido que se establezca un plazo perentorio para que ello se cumpla y que se instruya al fiscal de la causa a mantenernos informados acerca de su avance, algo básico, pero hasta ahora inexistente”, concluyó.