Diputado Matheson acusa a Flies de usar a abogados del gobierno regional para querellarse contra opositores

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, presentó una querella por injurias graves contra seis consejeros regionales, un exconsejero y un periodista, tras una denuncia ante la Contraloría por irregularidades en la compra de un inmueble. Sin embargo, el diputado Christian Matheson cuestionó la legalidad del proceso, al revelar que los abogados que representan a la primera autoridad son funcionarios públicos pagados por el gobierno regional, lo que podría violar normas de probidad. 

El 3 de julio de este año el senador Alejandro Kusanovic y el diputado Christian Matheson, junto a consejeros regionales, denunciaron ante la Contraloría supuestas irregularidades en la adquisición de una propiedad por parte del gobierno regional. Según expusieron los denunciantes, el inmueble -destinado a una residencia para adolescentes- habría sido comprado sin licitación a un juez, quien tiempo después adquirió un consultorio médico propiedad de una sociedad médica integrada por la esposa de Flies, generando sospechas de un conflicto de interés.

A modo de respuesta, el 9 de julio el gobernador Flies presentó una querella por injurias graves contra los consejeros Rodolfo Arecheta, Roxana Gallardo, Max Salas,  José Luis Paredes, Nano Soto, Robert Weissohn, el exconsejero Alejandro Riquelme y el periodista Alejandro Avendaño López. La querella, de 22 páginas, acusa a los denunciantes de buscar “deshonrar, desprestigiar y dañar políticamente” al mandatario regional mediante declaraciones en medios y redes sociales.

Uno de los denunciantes originales, el senador Kusanovic fue consultado por las acciones llevadas a cabo por el gobernador Flies, restando peso a la querella del gobernador. A su juicio, “lo que se realizó fue una denuncia por algunos temas que no están claros. No una calumnia, por lo que no veo mucho sentido a la querella. En cuanto a la forma de realizar esta, hay que ver si lo permiten los reglamentos”.
El periodista querellado, Alejandro Avendaño López, se refirió a las acciones llevadas por el gobernador como una amenaza para la libertad de prensa. Asegura que ha tenido acercamientos de abogados regionales y nacionales para representarlo, aunque no ha aceptado patrocinio. A su vez, ha tenido contactos con el Colegio de Periodistas, órgano gremial que no ha emitido declaraciones públicas al respecto. Contactados por el medio, indicaron que este sábado habría una reunión para definir un pronunciamiento como cuerpo colegiado. 

Cuestionamientos
a Contraloría

En su oficio a la Contraloría, el diputado Matheson destacó tres puntos. En primer lugar apunta a un conflicto de interés, ya que los abogados que representan a Jorge Flies -Gabriel González Florín y Marcos Loaiza Miranda- figuran en Transparencia como los asesores jurídicos y abogados contratados por el gobierno regional de Magallanes. Matheson pregunta a Contraloría si es legal que funcionarios públicos litiguen contra otro órgano del Estado (Consejo Regional) usando recursos institucionales.

Otro de los puntos que cuestiona es el lenguaje “poco profesional” utilizado en la querella presentada por el gobernador. Criticó el tono, que incluye frases como “sólo gente de tan baja calidad humana como los querellados pueden proceder del modo que he descrito”. En esa línea, consulta si el lenguaje “utilizando todo tipo de adjetivos contra consejeros regionales, se ha incurrido en alguna falta o responsabilidad administrativa”.

La Contraloría tiene un plazo de 30 días para responder los cuestionamientos realizados por el parlamentario.

Oficio de Bianchi

Un día después de que los parlamentarios de derecha hicieran su presentación ante la Contraloría General de la República, el diputado Carlos Bianchi también emitió un oficio al gobierno regional de Magallanes. En su misiva pide informar a la Cámara sobre las gestiones realizadas previas a la compra del inmueble destinado a ser entregado en comodato al Servicio de Protección Especializada, indicando las personas o instituciones públicas o privadas que estuvieron, el cumplimiento de los estándares del Ministerio de Desarrollo Social para la adquisición vía trato directo, así como los factores que influyeron para tomar la decisión de adquirir dicho inmueble. Por último, solicita informar si este proceso fue fiscalizado por los entes competentes en cada etapa correspondiente.