La memoria que no puede seguir esperando

Después de más de dos años de cierre, el anuncio del nuevo seremi de las Culturas, Luis Navarro, sobre el inicio del traslado de las colecciones del Museo Regional de Magallanes al nuevo depósito patrimonial es, sin duda, una buena noticia. Pero no basta con las intenciones ni con las promesas futuras. La verdad es que la región ha tenido que soportar con paciencia ´y no poca frustración- la desidia institucional del Servicio del Patrimonio que ha marcado este proceso desde su inicio.

Que recién en el primer trimestre de 2026 se trasladen oficialmente las más de 65 mil piezas que resguarda el museo, y que la reapertura al público se proyecte -con suerte- para 2029, habla de una lentitud inaceptable en la gestión del patrimonio regional. Más aún cuando fue la misma demora la que obligó a iniciar una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades administrativas que afectaron directamente al estado del edificio y de las colecciones.

El plan piloto con 300 piezas, programado para noviembre de este año, es un avance técnico importante. El nuevo depósito en el antiguo Gimnasio Naval contará con condiciones óptimas para la conservación del patrimonio -control de temperatura, humedad y seguridad-, y abrirá sus puertas a investigadores. Pero este logro no puede opacar el hecho de que el museo lleva cerrado desde 2023 y que cada año perdido ha significado también un deterioro adicional para el inmueble, así como una interrupción del vínculo entre la ciudadanía y su historia material.

Magallanes no puede resignarse a que sus espacios culturales se transformen en zonas de espera eterna. El Museo Regional es el principal referente del relato histórico de la región, un espacio formativo, identitario y de encuentro. Su restauración debió ser prioritaria desde el primer día, y no solo tras una denuncia y el consecuente desgaste institucional.

Hoy, con un proceso de catalogación prácticamente terminado y más de 220 mil datos generados, se abre una oportunidad para que el museo regrese con una propuesta museográfica sólida y actualizada. Pero esa promesa debe estar respaldada por recursos, cronogramas reales y, sobre todo, compromiso político sostenido.

La comunidad tiene derecho a la memoria, al acceso a su patrimonio y a un museo vivo. Es deber de las autoridades garantizar que esa espera no se siga prolongando. Porque un museo cerrado no solo es un edificio vacío: es una historia suspendida y Magallanes no puede -ni quiere- seguir esperando.