El narcotráfico prueba sus rutas en Magallanes

La detención de una mujer con más de cuatro kilos de cocaína adosados a su cuerpo en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo no es, lamentablemente, un hecho aislado. Tal como lo advierten la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, esta incautación se suma a otras de similares características ocurridas en los últimos meses, lo que permite inferir que Magallanes se ha convertido en una ruta activa del narcotráfico nacional, utilizada por una red organizada que opera con logística, planificación y reclutamiento sistemático.

El reciente operativo permitió dejar al descubierto no solo una importante cantidad de droga -más de 4.000 dosis de cocaína, avaluadas en $83 millones-, sino también los indicios claros de que no se trata de actos individuales ni improvisados. El tipo de transporte utilizado, la nacionalidad de la imputada, su situación migratoria irregular y la ausencia de antecedentes identificatorios, apuntan a un patrón repetido que ya no puede ser visto como casual.

Las declaraciones del fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Felipe Aguirre, son claras en ese sentido: lo que hay es una cadena delictiva, con puntos de origen identificados en Santiago y el norte del país, mecanismos de transporte definidos, y -quizás lo más alarmante- un mercado activo en Magallanes que justifica estos envíos de droga. No se trata únicamente de tránsito, sino de abastecimiento a un segmento local de consumo que existe y crece en las sombras.

La Fiscalía y la PDI han hecho ver que este fenómeno implica algo mucho más complejo que simples “burreros” o mulas. Hay una logística en marcha, lugares donde se realiza el enfajamiento de las sustancias ilícitas, rutas de transporte establecidas y un cálculo de riesgo que considera los puntos débiles del sistema de control regional. En ese contexto, Magallanes no está al margen del crimen organizado: es un eslabón activo y, probablemente, creciente.

La gravedad de la situación exige una respuesta institucional proporcional. La política de controles aleatorios en terminales de buses y aeropuertos, por sí sola, es insuficiente. El Estado debe reforzar la presencia investigativa y operativa de sus fuerzas especializadas en la zona austral. La criminalidad organizada busca precisamente los puntos más alejados y menos vigilados del país para operar con menor riesgo. La percepción de aislamiento geográfico no puede convertirse en una ventaja para el delito.

Al mismo tiempo, la detección de personas extranjeras en situación migratoria irregular y sin identificación plantea otro dilema institucional: ¿cómo perseguir judicialmente a quienes ingresan sin rastro alguno en los sistemas de registro?

Este caso, además, debe interpelar a la sociedad magallánica. Si los narcotraficantes apuestan por ingresar grandes volúmenes de droga a la región, es porque hay una demanda que lo sustenta. Eso implica reconocer la existencia de consumo sostenido y probablemente creciente en grupos juveniles, adultos y, lamentablemente, quizás incluso en contextos escolares o laborales. El narcotráfico no se instala donde no tiene a quién venderle.

Se requiere una acción concertada y persistente, pues Magallanes no puede permitirse ser vista como una “zona de prueba” para las rutas del narcotráfico y la aparente lejanía del centro no debe traducirse en vulnerabilidad.