Lo que hay detrás del 6,3 % de desempleo en Magallanes

La tasa de desocupación regional en Magallanes alcanzó el 6,3 % durante el trimestre abril‑junio de este año. Puede parecer una cifra moderada si se compara con el índice nacional del 8,9 %, pero esa mirada superficial oculta una realidad perturbadora: alrededor de 6.600 magallánicos están buscando trabajo sin encontrarlo.

Esa cifra es más que estadística. Es una afectación directa a miles de familias que enfrentan inseguridad laboral, ingresos precarios y la erosión de la dignidad social. Economistas y sociólogos han advertido que tasas de desempleo por debajo del 6 % pueden interpretarse como niveles socialmente aceptables; sin embargo, en territorios como Magallanes, con menor densidad poblacional y economías estacionales, cada punto porcentual equivale a muchos hogares en crisis.

Durante el primer trimestre del año, la región había registrado una tasa aún menor, de 4,8 %, lo que indica un alza significativa en solo tres meses. Esta escalada no refleja únicamente un deterioro en el mercado laboral: también señala un retroceso en las oportunidades reales de empleo y una caída en las condiciones económicas generales.

Magallanes posee actividades productivas que podrían sustentar una baja desocupación: turismo, energía, pesca, servicios portuarios. Pero la estacionalidad y la falta de diversificación hacen que cualquier contracción en uno de estos sectores impacte rápido y con fuerza en los niveles de empleo. Este contexto obliga a poner en pie políticas activas de fomento a nuevos modelos productivos y a una articulación regional que transforme el potencial en oportunidades concretas.

La creación de 6.600 empleos no es tarea menor para una región con poco más de 170 mil habitantes. Requiere inversiones estratégicas, apoyo a la pequeña y mediana empresa, planes de reconversión laboral para zonas rurales y capacitación técnica orientada a demandas emergentes como energías limpias, salud o logística antártica.

Además, la brecha de género suele ser más amplia en zonas extremas, por lo cual políticas focalizadas en la participación femenina-como guarderías, flexibilidad laboral o capacitación- deberían estar en el centro de la agenda pública.

Una tasa regional del 6,3 % puede decorar índices comparativos, pero si no se acompaña de análisis en absoluta cantidad de personas afectadas y perfil socio‑económico, se vuelve un falso espejo que oculta precariedad.

Los gobiernos municipales, regionales y nacionales deben reconocer que estas cifras no se amortiguan con promedios. Se requieren acciones concretas: subsidios al empleo, becas de formación, incentivos a emprendimientos socialmente vinculados, y un plan serio para reducir la informalidad laboral.