Autonomía y eficiencia estatal

En un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones y de alta volatilidad política, resulta crucial repensar la arquitectura institucional del Estado chileno. Uno de los principales desafíos es cómo garantizar que ciertas funciones esenciales del aparato estatal puedan operar de manera técnica, profesional y coherente, al margen de los vaivenes propios de cada gobierno. Para ello, es indispensable avanzar hacia un nuevo modelo de gobernanza que otorgue autonomía e independencia a determinados órganos del Estado, emulando el modelo del Banco Central.

El Banco Central ha demostrado ser un ejemplo exitoso de institucionalidad técnica y autónoma. Su gobernanza, basada en un Consejo Directivo cuyos miembros son designados por períodos largos, no coincidentes y con representación política balanceada, ha permitido que su gestión esté orientada por criterios técnicos más que políticos, brindando estabilidad y previsibilidad en una de las áreas más sensibles de la administración pública. Esta fórmula, bien adaptada, puede ser replicada en otros organismos clave del Estado.

Instituciones como el Servicio de Impuestos Internos (Sii), el Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) y, en parte, el Ministerio de Educación (Mineduc), especialmente en su dimensión técnico-pedagógica, debieran avanzar hacia un modelo institucional que les permita operar con autonomía. Estas entidades cumplen funciones fundamentales que requieren continuidad, especialización y una toma de decisiones basada en evidencia, no en cálculos electorales.

El Sii, por ejemplo, es el principal garante del cumplimiento tributario y, por ende, del financiamiento del propio Estado. Su labor requiere máxima credibilidad, transparencia y profesionalismo. Un Sii autónomo podría resguardar mejor la equidad tributaria y evitar que sus criterios de fiscalización o sus decisiones administrativas se vean contaminadas por presiones políticas de corto plazo.

El caso del Ine es igualmente claro. Las estadísticas oficiales son un insumo esencial para la toma de decisiones públicas y privadas. Contar con datos confiables, elaborados con criterios técnicos y bajo estándares internacionales, es indispensable para la transparencia, la planificación y la rendición de cuentas. La intervención política en sus procesos o la manipulación de sus cifras puede socavar gravemente la confianza pública.

En el ámbito educativo, el componente técnico-pedagógico del Mineduc -como el diseño curricular, la formación docente y la evaluación de aprendizajes- también debiera ser resguardado por una institucionalidad estable y profesional. La educación no puede reinventarse cada cuatro años según el signo político del gobierno de turno. Requiere visión de largo plazo, consenso técnico y continuidad de políticas, elementos que sólo una gobernanza autónoma puede garantizar.

Avanzar en esta dirección significa, establecer mecanismos de gobernanza mixta, donde exista participación política balanceada, representación de diversas miradas y, al mismo tiempo, una clara supremacía de criterios técnicos en la toma de decisiones. Consejos directivos con períodos largos, elección escalonada de sus miembros y procesos transparentes de designación pueden generar este equilibrio.

Chile enfrenta desafíos estructurales que requieren respuestas modernas y donde una autonomía institucional bien diseñada no es una amenaza para la democracia, sino una condición necesaria para que esta funcione mejor.