Una sensata cantidad de población penal

Rodrigo Lillo Vera
Jefe Regional Unidad de Estudios
Defensoría Regional de Magallanes

Según datos de Gendarmería de Chile, al 30 de junio de 2025, la población privada de libertad en las cárceles del país era de 63.276 personas. Mientras que en diciembre de 2023 era de 52.525. Es decir, en menos de dos años las personas privadas de libertad en el país aumentaron en un 17%.

Según World Prisión Brief (https://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data) la tasa de encarcelamiento en Chile es actualmente de 318 personas por c/ 100.00 hab. Casi 100 más que en 2023.

Es muy tentador relacionar dicha alza con el aumento de la delincuencia y la profundización de la “crisis de seguridad”, especialmente en periodos de campañas, ya que es rentable electoralmente hacer propuestas extremas de seguridad, por más bizarras o arcaicas que parezcan. 

Pero, pongamos la pelota al piso, las estadísticas del Centro de Estudios y Análisis del delito, dependiente de la Subsecretaria de Prevención del Delito, consignan que tanto la tasa de denuncias, investigaciones policiales o judiciales (distintas maneras de medir un fenómeno complejo como la criminalidad), entre el año 2023 y la actualidad más o menos, se mantienen en una intensidad similar. En contraste con el crecimiento de la población penal durante el pasado año y medio.

Aunque no hay estudios para explicar a qué se debería este aumento explosivo, sí sabemos que desde 2023 hasta ahora se han realizado tres modificaciones legales directas que favorecen el uso de la prisión preventiva. Por otra parte, desde el año 2022 la ley que regula las penas alternativas a la cárcel se ha modificado, unas cinco veces para restringir su aplicación. 

Otro tanto ocurre con mecanismos de “adelantamiento de la pena” como la libertad condicional y la de reducción de condena. Por lo que no es extraño, que al restringir su aplicación los condenados pasen más tiempo en la cárcel y aumente la población penal de condenados.

Es decir, si como nos indican los índices oficiales el nivel de criminalidad no ha aumentado en forma significativa, pareciera ser que la población carcelaria ha crecido por las modificaciones al sistema. 

Ahora bien, si la mano severa nos parece una respuesta más “justa” para la víctima (a quien, valga decirlo, ni siquiera preguntamos o hacemos partícipe del proceso), definitivamente no resultaría una buena receta para la disminución de la criminalidad, que se mantiene intacta. 

Por otra parte, el espacio carcelario se caracteriza por ser uno donde el sistema de justicia no funciona, hay una baja persecución penal de los delitos y, por lo mismo, se organiza en base a la “ley del más fuerte”, lo que es un escenario fértil para la proliferación de las organizaciones criminales. De modo que el aumento de la población tras las rejas no sólo no es una adecuada herramienta de política criminal, sino que es, incluso, un paso atrás y una contribución a la inseguridad y la expansión de la criminalidad organizada.

No es menor tener presente que los presos de nuestras cárceles en su mayoría son personas que cumplen condenas por delitos de lesiones, amenazas y delitos menores contra la propiedad, principalmente motivados por el abuso del alcohol y las drogas.

Por eso, parafraseando al criminólogo noruego Nils Cristhie, urge modificar nuestras políticas criminales para tener una sensata cantidad de población penal.