Miguel Ramos: “La Universidad de Magallanes está siendo monitoreada por la Superintendencia de Educación Superior”

La crisis financiera que enfrenta la Universidad de Magallanes fue uno de los temas que marcó la visita del presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Académicos de las Universidades del Estado (Fauech), Miguel Ramos Tapia, a la ciudad de Punta Arenas. El dirigente nacional sostuvo un encuentro con docentes de la Umag, en el que abordó los desafíos de las universidades estatales frente a un modelo que, a su juicio, precariza su sostenibilidad.

El dirigente nacional dijo que la Universidad de Magallanes se encuentra bajo supervisión directa de la Superintendencia de Educación Superior, que ha solicitado a la rectoría elaborar un plan de ajuste institucional.

“La Ses solicitó a la Universidad de Magallanes, al rector, un plan de ajuste en términos de poder normalizar ingresos versus egresos”, afirmó, subrayando que este tipo de requerimientos suele anteceder procesos complejos de reorganización financiera en las casas de estudio. 

El académico también contextualizó el problema en el marco del sistema de financiamiento chileno. “Nosotros, en el 2022, perdimos la posibilidad de gestionar la modificación de la Constitución. En esta carta se define un sistema subsidiario. Entonces, nosotros perdimos esa posibilidad y eso significa que no podemos eliminar el voucher de la educación superior. ¿Qué quiere decir con eso? Que efectivamente el Estado, en el 2015, logramos nosotros la gratuidad para los seis primeros deciles, pero esa gratuidad no significa recursos frescos para las instituciones, sino que se hace a través del voucher. O sea, es el estudiante que se matricula el que tiene la gratuidad”.

Este mecanismo implica que “Chile financia tanto la educación pública como la educación privada. Yo diría que el 85% de nuestra matrícula es privada, el 15% es público”. Esto, añadió, “es algo único en el mundo”. 

Además, remarcó que “lo que tengo que hacer es aumentar la matrícula, que en el caso de la Umag, o sea, la educación de la Umag no es tan fácil, o bajo mi costo de remuneración. Sobre todo en un sistema que esté intervenido, porque hoy en día la universidad no cobra el arancel que quiere, cobra el arancel que el Estado define. Tenemos un sistema de arancel regulado y, en ese contexto, entonces, las posibilidades que tiene la institución son bastante pocas”. 

En ese escenario, recalcó que las asociaciones de académicos cumplen un rol crucial no solo como actor gremial, sino como parte de la defensa de la función pública de las universidades. “La política de financiamiento del Estado a través de arancel regulado es bastante limitada. Hay universidades como Magallanes, como la Universidad Arturo Prat, como la Universidad de Aysén, como la Universidad de O’Higgins, que viven una situación crítica”.

Consultado por el proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Superior (Fes), actualmente en tramitación, el dirigente comentó: “Entendemos que efectivamente este proyecto debería generar mayores recursos para la Universidad Magallanes. Ahora, esta situación particular del proyecto Fes igual es compleja porque tenemos un Congreso y un Parlamento que es adverso… Entonces, nosotros con este proyecto eliminamos los recursos de la universidad privada”. 

“Cada una se autoregula”

Más allá del financiamiento, Ramos comentó “las 18 universidades del Estado son autónomas. Yo me atrevería a decir que tenemos 18 empresas distintas donde cada una se autorregula. Efectivamente, si yo tengo un problema económico, lo que tengo que hacer es colocarme en una política de ahorro justamente para poder mejorar mi capacidad financiera. En el caso de la universidad, es parte de lo que tienen que hacer y eso es lo que está pidiendo la Superintendencia de Educación Superior, pero esa definición debería ser aprobada por el consejo universitario. O sea, todo lo que el jefe de servicio (el rector) quiere hacer tiene que ser regulado por el consejo universitario”.