Nombramientos en la recta final: entre la prudencia y el desgaste

La abrupta salida del recién nombrado seremi de Minería de Magallanes, Víctor Velásquez Nieto, quien presentó su renuncia apenas tres días después de asumir, es un traspié, pero también se debe reconocer que, ante los nuevos antecedentes, la Delegación Presidencial actuó con prontitud al aceptar su dimisión una vez que se tomó conocimiento de una denuncia judicial en su contra.

Velásquez duró oficialmente 72 horas en el cargo. Se le anunció el viernes y el lunes ya se había bajado el telón. Fue una decisión correcta. En política -y más aún en un gobierno bajo presión- es mejor ponerse colorado una vez que quedar expuesto reiteradamente a errores que minan la confianza pública.

Pero lo que genera inquietud no es sólo esta renuncia, sino la señal de que no se está aplicando un estándar claro ni parejo a la hora de nominar autoridades. Hay otros casos recientes en los que se han nombrado personas que, si bien no enfrentan necesariamente causas judiciales activas, arrastran polémicas o antecedentes que merecen al menos una evaluación más exhaustiva. La ciudadanía, especialmente en regiones donde el escrutinio es más cercano, no olvida estos antecedentes, y el discurso de probidad comienza a sonar vacío si no se aplica con consecuencia.

Además, el contexto institucional tampoco ayuda. El gobierno ya se encuentra en la recta final de su mandato. El llamado “síndrome del pato cojo” -ese debilitamiento progresivo del poder político en los gobiernos salientes- comienza a sentirse con fuerza. Con menor capital político, con autoridades agotadas o en modo electoral, y con una oposición vigilante que mide cada paso, designar cargos se volverá cada vez más complejo.

En ese marco, lo que debiera ser una tarea técnica, basada en méritos, experiencia y antecedentes intachables, corre el riesgo de contaminarse aún más por la urgencia, la improvisación o, peor aún, los favores políticos. Y eso daña no sólo al gobierno de turno, sino al Estado y a las instituciones en su conjunto.

La región necesita autoridades con conocimiento del territorio, solvencia técnica y conducta irreprochable. No se puede seguir improvisando. No hay margen. Cada error daña el prestigio del servicio público, desincentiva a los buenos profesionales y erosiona la confianza en el proceso democrático.

Si algo enseña este episodio es que vale más prevenir que curar, y que actuar rápido frente al error, como se hizo en esta ocasión.

Con mayor razón en un gobierno que ya vive sus últimos tramos, la responsabilidad política en los nombramientos debe ser máxima, no mínima.