“Este año se han declarado dos adopciones, cuya cifra queremos aumentar con esta nueva ley”

Con la reciente promulgación de la nueva Ley de Adopción, el secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, valoró los avances que implica esta normativa en materia de protección de derechos para niños, niñas y adolescentes.

“A través de esta nueva normativa, como sociedad y como Estado de Chile, hemos asumido la obligación de garantizar el derecho a vivir en familia a todos los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en su entorno inmediato”, subrayó. En su análisis, destacó que uno de los cambios más importantes está en la flexibilización de los criterios para que una familia pueda adoptar: “Al momento de evaluar a una familia para que pueda adoptar, el factor más importante será la capacidad de cuidar, de entregar cariño y de proteger al niño o niña”.

Sobre la realidad regional, añadió que actualmente existen cuatro niños, niñas o adolescentes declarados susceptibles de adopción en Magallanes, es decir, que están a la espera de una familia. Además, precisó que hay cinco menores que forman parte de causas judiciales en curso para determinar si pueden ser declarados susceptibles. “Durante 2025 se han declarado dos adopciones; y precisamente esta es la cifra que queremos aumentar mediante esta nueva ley, a través de un proceso más ágil y flexible en atención al interés superior del niño”, afirmó.

La nueva Ley de Adopción viene a reemplazar la legislación de 1999. Tras 12 años de tramitación en el Congreso, la nueva herramienta legal establece un sistema integral que unifica los procedimientos de protección, adoptabilidad y adopción. Elimina criterios discriminatorios en la selección de familias adoptantes, incorpora derechos como el de ser oído, conocer el origen y mantener vínculos con personas significativas, y refuerza la fiscalización y los estándares en adopciones internacionales. También garantiza la igualdad de derechos laborales para todas las familias adoptantes, sin distinción de estado civil o tipo de convivencia.

Entre los principales cambios introducidos por la nueva normativa, se elimina cualquier criterio discriminatorio en la evaluación de familias adoptantes, permitiendo postular en igualdad de condiciones a matrimonios, convivientes o personas solteras. También se establece una intervención obligatoria con la familia de origen antes de declarar la adoptabilidad, con un plazo máximo de 12 meses, favoreciendo la revinculación familiar si es viable.

Finalmente, la ley refuerza la fiscalización, sanciona prácticas indebidas y establece un marco claro para la adopción internacional. También contempla la posibilidad de mantener vínculos post adoptivos con personas significativas, siempre que esto beneficie el desarrollo emocional del niño, niña o adolescente.