Lento avance registran los sumarios contra funcionarios que viajaron al extranjero con licencia médica

A más de dos meses de que estallara la polémica por los viajes al extranjero de funcionarios públicos con licencia médica, a nivel regional aún no se conocen los resultados de los diversos sumarios instruidos por las distintas reparticiones públicas involucradas en el tema.

Según datos recabados por El Magallanes, en nuestra región se instruyeron más de 790 sumarios administrativos para esclarecer responsabilidades en el uso fraudulento de licencias médicas en distintos ministerios, servicios públicos y entidades municipales mencionados en el Informe Consolidado de Contraloría.

Hasta el momento, los únicos resultados concretos que se conocen son los despidos de 26 funcionarios de la Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes, de los cuales 23 pertenecían al Sindicato de Trabajadores y tres al Sindicato de Profesionales; además del bullado caso ocurrido al interior del Ministerio de Desarrollo Social, donde fue desvinculado Mauricio Tapia, quien se desempeñaba como jefe de gabinete del seremi Danilo Mimica, el cual tuvo que presentar su renuncia.

Magallanes ocupa el tercer lugar a nivel nacional, con 5.980 entradas y/o salidas del país de funcionarios con licencias médicas, lo que representa un 10% del total nacional.

El listado elaborado por Contraloría incluyó a 777 de las 788 instituciones a las que pertenecían los 25.078 funcionarios, es decir, el 99% del total. Estos antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que inició una investigación de oficio por presunto fraude, a cargo del fiscal Alvaro Pérez, de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Principales avances

De los 21 ministerios presentes en la región, seis poseen funcionarios sumariados. El listado es encabezado por Obras Públicas, con 27 trabajadores; le sigue la seremi de Salud, con 10 implicados; Vivienda, con cinco; Cultura, con dos casos; mientras que Desarrollo Social y Trabajo registran un expediente cada uno. Desde estas reparticiones informaron que los sumarios están siendo canalizados a nivel central y que aún se encuentran en etapa de investigación.

En el caso de Vivienda, el seremi Marco Uribe indicó que el número bajó a tres trabajadores involucrados, ya que los otros dos renunciaron, uno en marzo de 2024 y el otro en junio del mismo año. “Aún no se informa su resultado, ya que se estaba a la espera de una respuesta a nivel ministerial para definir el curso de éstos”, añadió.

Desde Gendarmería comentaron que los procesos a nivel local se encuentran en su última etapa. La misma situación fue reportada por la Municipalidad de Torres del Paine.

A la espera de nuevas diligencias y corrección de procedimientos se encuentran cinco trabajadores de la Municipalidad de Porvenir involucrados en este caso. En Primavera, los sumariados están a la espera de que la Policía de Investigaciones proporcione la información requerida. “No se ha podido avanzar mucho”, confesó la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández.

Según informó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, los funcionarios implicados en este tipo de prácticas al interior de la Municipalidad de Punta Arenas y la Corporación Municipal (Cormupa) fueron notificados a comienzos de agosto de los cargos y tendrán diez días para presentar sus descargos ante los fiscales designados para resolver estas causas. En el municipio puntarenense son 27 los implicados, mientras que en la Cormupa son 59.

En un comienzo, la Contraloría había notificado a 32 funcionarios de la Municipalidad de Punta Arenas, de los cuales seis ya no trabajan en dicha repartición. En la Cormupa se identificaron 250 funcionarios: 174 en el área de Educación y 76 en Salud. Los antecedentes del área de Educación fueron enviados al Servicio Local de Educación, mientras que en Salud, tras descontar a quienes ya no pertenecen a la institución, quedaron 59 personas implicadas.

Por su parte, el gobierno regional definió que durante agosto quedará zanjado el destino de los trabajadores que viajaron al extranjero estando con licencia médica. En el Gore son ocho los sumariados.