“La violencia sexual y la explotación sexual comercial infantil son expresiones extremas de vulneración”

“Garantizar una intervención rápida, oportuna y especializada” es uno de los ejes principales del protocolo de colaboración que firmaron el Juzgado de Familia de Punta Arenas y la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público en Magallanes, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional para niños, niñas y adolescentes afectados por delitos de explotación sexual comercial infantil, también conocida por sus siglas (ESCNNA).

Este es un instrumento técnico-operativo que establece mecanismos formales de coordinación, comunicación expedita y trabajo conjunto entre ambas instituciones, tanto para el delito mencionado como también otras vulneraciones de derechos de alta complejidad.

El acuerdo contempla “procedimientos claros y efectivos para el intercambio de información relevante, seguimiento coordinado de casos, definición de criterios comunes y planificación de acciones conjuntas, además de instancias de sensibilización y trabajo intersectorial con la comunidad”.

Como se indicó, la finalidad de este protocolo es garantizar una intervención rápida, “que evite la victimización secundaria y fortalezca la protección integral de la infancia y adolescencia en la región, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

La jueza presidenta del Juzgado de Familia de Punta Arenas, e impulsora por parte del Poder Judicial del proyecto, Katherine González, relevó la importancia del acuerdo, ya que “la violencia sexual y la explotación sexual comercial son expresiones extremas de vulneración, que rompen los vínculos fundamentales de confianza, dañan la integridad emocional y social, y afectan de manera crítica el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Por ello, no admiten respuestas fragmentadas ni enfoques protocolarios. Requieren, sin excepción, una actuación institucional coordinada, eficaz, empática y centrada en la protección integral”.

Por su parte, el presidente de la Corte de Apelaciones, Marcos Kusanovic mencionó que suscribir e implementar este protocolo de trabajo “refleja el compromiso sostenido del Poder Judicial y el Ministerio Público en avanzar hacia la erradicación de la explotación sexual comercial infantil, contribuyendo a que todo niño, niña o adolescente pueda crecer y desarrollarse en un entorno seguro, libre de violencia y explotación en la Región de Magallanes, y cuya fórmula puede bien ser replicada en otras jurisdicciones del país como un modelo a seguir”.