Exhospital de Natales: concejales piden un centro de salud o un Eleam y OO.PP. insiste en oficinas estatales
-
Mientras el Mop proyecta inaugurar la rehabilitación del excentro asistencial en 2028, los ediles apelan a establecer ahí un consultorio y empujan una consulta ciudadana para redefinir el uso del inmueble.
La habilitación del exhospital Augusto Essmann Burgos como un centro de servicios públicos provinciales ha desatado polémica, tanto es así que el Concejo Municipal de Natales actualmente impulsa una consulta ciudadana para que sean los habitantes quienes definan el destino de esta abandonada infraestructura.
Entre los concejales existe consenso respecto a que este inmueble, emplazado en pleno centro de la ciudad, debería destinarse a un Centro de Salud Familiar (Cesfam) o bien a la construcción del tan anhelado Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam), una de las deudas pendientes del gobierno de Gabriel Boric con los natalinos.
En la última sesión del Concejo Municipal de Natales, el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, y el director regional de Arquitectura, Jorge Cortés, realizaron una exposición sobre el proyecto de habilitación del exhospital natalino.
Durante la sesión, el seremi defendió la iniciativa señalando que busca “desconcentrar los servicios públicos”, optimizar la atención ciudadana y revitalizar un edificio emblemático de la ciudad. Aseguró que el proyecto está técnicamente resuelto y que el edificio cuenta con buenas condiciones estructurales. Detalló que el mes pasado se finalizó la etapa de diseño y que el corte de cinta se proyecta para el 2028, once años después de que la edificación fuera abandonada por el Servicio de Salud Magallanes.
Sin embargo, la exposición no dejó conformes a los concejales natalinos, quienes cuestionaron el origen del proyecto, criticaron los retrasos en la elaboración del diseño, la falta de participación ciudadana y reiteraron su preferencia por una infraestructura sanitaria en ese lugar.
Críticas a la
Participación
ciudadana
“Nació durante el gobierno anterior, sin que el Gore fuera dueño del inmueble y bajo una estructura institucional ya superada”, cuestionó el concejal Ricardo Urtubia, quien recalcó que la participación realizada en agosto de 2022 fue más bien una exposición técnica que una consulta real. “Los dirigentes presentes lo dijeron claro: no queremos un edificio de servicios públicos. Queremos algo para la salud”, afirmó la concejala Luz Fabiola Levicoy, quien lamentó que el actual gobierno no haya modificado el rumbo tomado por la administración anterior, pese al evidente rechazo ciudadano.
En la misma línea, el concejal Alfredo Alderete recordó que en 2017 se reunieron 2.385 firmas en contra de destinar el inmueble a servicios públicos y que estas fueron entregadas al actual gobernador regional, Jorge Flies. “Nunca respondió”, acusó.
Por su parte, el seremi José Luis Hernández reconoció que “las participaciones ciudadanas muchas veces se hacen en horarios no adecuados” y que el financiamiento de estas etapas no permite múltiples reuniones. Aclaró que el objetivo de esa instancia era informar los avances del diseño, no discutir el uso del edificio.
Frente a esto, los concejales insistieron en presentar una moción para realizar una nueva consulta ciudadana.
La alcaldesa Ana Mayorga aseguró compartir el fondo y la necesidad de realizar dicha consulta, pero solicitó a los concejales más tiempo para analizar la logística de este instrumento de participación ciudadana. Aclaró que la consulta no tiene carácter vinculante y que la decisión final sobre la envergadura del proyecto y su financiamiento recae en el gobierno regional, por lo que propuso solicitar una reunión con el gobernador y los consejeros regionales.
También propuso formar una comisión de trabajo con los equipos municipales para abordar los aspectos técnicos y logísticos antes de someter la moción a votación definitiva en una sesión posterior, y sugirió incorporar al proceso al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc).
Retrasos en el diseño
Otro punto que generó críticas fue el retraso de más de dos años en la entrega del diseño, que debía estar finalizado en mayo de 2023. El proyecto fue adjudicado en diciembre de 2021 por la Dirección de Arquitectura.
Según explicó Jorge Cortés, el proyecto estuvo “relativamente congelado” mientras se esperaba una decisión de las autoridades sobre su continuidad, lo que causó una detención de “un par de meses”. También mencionó demoras asociadas a la tramitación de la certificación de edificación sustentable.
Otro obstáculo fue la dificultad de coordinar a “cinco o seis servicios públicos distintos” que harán uso de la infraestructura. A esto se sumó la necesidad de eximir al consultor del permiso de edificación debido a la falta de definición clara sobre quién tenía la tuición legal del inmueble para firmar el expediente, dado que el mandante del proyecto es el gobierno regional, pero el propietario del terreno sigue siendo el Servicio de Salud Magallanes.
¿Se puede hacer un
consultorio de salud?
Respecto a la posibilidad de instalar un centro de salud en el terreno del ex hospital, el seremi Hernández señaló que “todo es factible” y “todo se puede”, siempre que el gobierno regional decida modificar el proyecto actual y volver a “foja cero”.
Sin embargo, aclaró que el diseño vigente no cumple con los requisitos normativos para albergar una infraestructura sanitaria, por lo que sería necesario desarrollar un nuevo diseño desde cero, lo que implicaría al menos dos o tres años adicionales de trabajo.
Desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Obras Públicas prefiere construir este tipo de infraestructuras en terrenos nuevos, ya que el exhospital está sobredimensionado para un Eleam y su reutilización traería complejidades normativas y funcionales. Aunque reconoció que el edificio sí cuenta con espacio suficiente para un Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecof), su implementación requeriría adaptaciones significativas, con plazos similares para un nuevo diseño.
¿Cómo será el edificio?
Según informó El Natalino, en enero pasado se anunció que en las instalaciones del exhospital se proyecta trasladar las oficinas provinciales de los ministerios de Salud, Hacienda, Justicia y Derechos Humanos, además de la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas y el Registro Civil. Costará más de $13 mil millones y será financiado con recursos del gobierno regional.
Se contempla mantener la estructura original del edificio e incorporar mejoras al sistema constructivo, con el objetivo de optimizar la ventilación y la aislación térmica. Además, el proyecto obtuvo la certificación como Edificio Sustentable de Uso Público.




