Casa del Samaritano

La crisis financiera que amenaza con el cierre de la Casa del Samaritano en Punta Arenas no es sólo un problema administrativo; es una tragedia humanitaria en ciernes que expone la vulnerabilidad de nuestros adultos mayores. La situación, analizada en el reciente Consejo Regional, ha puesto en evidencia una compleja red de responsabilidades y la necesidad urgente de una solución coordinada. En el centro de este drama están los 25 residentes, cuyos derechos fundamentales corren el riesgo de ser vulnerados.

El gobernador Jorge Flies ha sido claro: si bien su administración ha manifestado una disposición a colaborar, la responsabilidad directa del financiamiento recae en los organismos de gobierno que supervisan estos recintos. La afirmación “no es función nuestra la mantención, pero sí la cooperación” resume una paradoja institucional: hay voluntad, pero falta el canal formal para actuar.

Sin embargo, el panorama es más complicado. Si bien el gobernador Flies apunta a la falta de proyectos de financiamiento por parte de los organismos fiscalizadores, la comunidad magallánica y los familiares de los residentes se preguntan dónde está la respuesta del gobierno central en la región. Como se destaca en la nota de hoy, el delegado presidencial retruca: “Nosotros no estamos ajenos, hemos venido trabajando, pero la Casa del Samaritano tiene una deuda de arrastre de años que va en un poco más de $70 millones y no es del Estado; es una deuda de arrastre por su administración”. 

Así, si bien estamos frente a un problema de arrastre que involucra al Estado y a Fide XII, como fundación eclesial, al mismo tiempo se reconoce la necesidad de apoyo.

Es en este punto donde la responsabilidad de los representantes del gobierno del Presidente Boric en Magallanes se vuelve ineludible. Más allá de la fiscalización y los convenios, el liderazgo político debe ser proactivo. No basta con la buena voluntad; se requieren acciones concretas que trasciendan las limitaciones burocráticas. La Casa del Samaritano es más que un asilo; es un refugio para quienes han dado tanto a nuestra sociedad. Si la delegación presidencial tiene pleno conocimiento de la situación, el desafío es encontrar la fórmula para que la ayuda llegue antes de que sea demasiado tarde.

El cierre de la Casa del Samaritano sería una herida en la conciencia de Magallanes. Es una prueba para nuestras autoridades, que deben demostrar que el compromiso con los adultos mayores va más allá de los discursos. La solución a esta crisis debe ser un esfuerzo conjunto del gobierno central, a través de sus representantes en la zona, y de otras entidades, como el gobierno regional y, por ende, el Consejo Regional y también el mundo privado.

El tiempo apremia, y lo que está en juego no es una cifra, sino la dignidad de 25 personas.