Royalty Minero: ¿inversión transformadora o gasto fragmentado?

Los más de $3.700 millones que han llegado a Magallanes entre 2024 y 2025 por concepto de Royalty Minero representan una oportunidad histórica para dotar de infraestructura, servicios y desarrollo a comunas que históricamente han vivido con presupuestos limitados.

Este instrumento ha sido destacado porque representa para muchos municipios pequeños recursos frescos, de libre disposición y por su capacidad de acumulación.

Sin embargo, al revisar cómo se han distribuido y utilizado estos recursos, la sensación predominante es que todavía falta una visión estratégica capaz de transformar este aporte en un motor de equidad territorial.

Los municipios han usado los fondos de maneras muy dispares: desde la compra de buses y juegos infantiles en San Gregorio, hasta el financiamiento de aseo en Natales o el anuncio de que Laguna Blanca acumulará los dineros para comprar un terreno. Otros, como Primavera, ni siquiera han reportado gastos. La regla común parece ser la dispersión: vehículos, canastas de víveres, barcazas, equipos de oficina. Son decisiones legítimas, sí, pero muchas veces responden a la urgencia inmediata más que a un horizonte de desarrollo. En este punto, cabe destacar a la comuna de San Gregoria, la que ha tenido sistematicidad en la realización de proyectos.

No se trata de desconocer la autonomía municipal ni la necesidad de atender carencias locales, sino de advertir que estos fondos corren el riesgo de diluirse en gastos menores, perdiendo la capacidad de generar cambios estructurales. El Royalty Minero no debiera convertirse en una bolsa de recursos para “parchar” necesidades puntuales, sino en un instrumento que permita planificar en grande: mejorar conectividad, fortalecer servicios básicos, impulsar proyectos productivos sostenibles o crear infraestructuras comunitarias de largo alcance.

Además, preocupa que varios municipios aún no rindan cuentas o lo hagan de manera parcial. Si bien existe una obligación formal de informar trimestralmente a la Subdere, la transparencia no puede ser solo un trámite administrativo: debe convertirse en un compromiso con la ciudadanía que exige saber en qué y cómo se invierten estos dineros.

La discusión de fondo es simple pero decisiva: ¿queremos que el Royalty Minero financie buses, vehículos y juegos infantiles -válidos, pero acotados- o que siente las bases de un desarrollo territorial más justo y sostenido en Magallanes? La respuesta dependerá de la voluntad política y de la capacidad de los municipios para mirar más allá de lo inmediato.