El fomento que resta competitividad

El gobierno ha presentado con entusiasmo el proyecto de ley de incentivos tributarios al hidrógeno verde, planteándolo como una herramienta clave para consolidar a Chile como líder mundial en esta naciente industria. Sin embargo, la visión de las empresas que están impulsando proyectos de gran escala, como TotalEnergies en Magallanes, dista mucho de coincidir con ese optimismo.

Antoine Lian, ejecutivo de la compañía, ha sido categórico al señalar que lo que se ofrece como incentivo es, en la práctica, lo contrario: un aumento del riesgo, mayores costos y una traba para el despegue de los proyectos. Lo dice con franqueza: la exención del Impuesto de Primera Categoría -que a primera vista podría parecer atractiva- carece de utilidad real para la inversión internacional, pues no genera créditos ni compensa el impuesto adicional del 35% que se paga al remesar utilidades al exterior. En otras palabras, no mejora en nada la competitividad frente a otros destinos.

Dentro del proyecto del Ejecutivo -como lo aclarara el seremi de Hacienda-, está una contribución regional. Inicialmente y siguiendo la línea de lo planteado desde esferas gubernamentales, se vio con beneplácito tal tributo, en cuanto fue presentado como una forma de apalancar recursos frescos para Magallanes. Pero, una nueva mirada y más antecedentes, llevan a pensar que debe existir espacio para modificaciones y replanteamientos.

Hablamos de la obligación de pagar un impuesto regional equivalente al 1% de la inversión en el momento mismo de obtener la Resolución de Calificación Ambiental. Ese diseño, que en teoría buscaba asegurar beneficios tempranos para las comunidades, se transforma en lo que Lian califica como un “salvavidas de piedra”: exigir cientos de millones de dólares cuando aún no existe financiamiento ni contratos de venta firmados es, simplemente, un desincentivo que podría llevar a postergar -o incluso abandonar- la obtención de los permisos ambientales.

La paradoja es evidente. Una ley que debía estimular el desarrollo de la industria termina configurándose como un riesgo mayor para su viabilidad. Si el objetivo de Chile es atraer capital, asegurar contratos de largo plazo y transformar su potencial eólico y solar en un motor económico real, el marco regulatorio debe dar certeza, no incertidumbre; competitividad, no cargas adicionales.

En este escenario, la advertencia de TotalEnergies debería ser tomada en serio: sin ajustes profundos, el proyecto de ley corre el riesgo de desincentivar la inversión en Magallanes y de relegar al país en una carrera donde otros competidores ya avanzan con reglas más claras y atractivas.

Chile no puede darse el lujo de tener el mejor viento del mundo, pero una normativa que lo convierta en un mal negocio.