Residentes de la Casa del Samaritano se enteraron por televisión de su traslado a Natales

• – El próximo 13 de septiembre finalizan los contratos de los trabajadores de la Casa del Samaritano

La Casa del Samaritano de Punta Arenas atraviesa sus últimas semanas de funcionamiento en medio de un clima de incertidumbre y pesar. El hogar, administrado por Fide XII, enfrenta un inminente cierre que dejará sin hogar a 25 adultos mayores y sin empleo a 32 trabajadores, quienes ya recibieron la notificación de término de contrato a partir del 13 de septiembre.

Amara Trujillo, tesorera del sindicato de trabajadores, advirtió que tanto los adultos mayores como el personal se enteraron de las decisiones a través de la prensa, sin haber sido consultados ni informados previamente por las autoridades.

“Ninguna autoridad se ha acercado a visitarlos, todos toman decisiones por ellos y no son capaces de venir a verlos porque la mayoría de las personas mayores que tenemos aquí están bien y pueden tomar decisiones, saben lo que está pasando”, advirtió. “Ayer se enteraron por la tele que se iban a Natales, porque nadie les ha dicho nada. Lo único que les dijeron fue que los iban a reubicar”, relató.

La notificación formal entregada a los trabajadores indica que sus contratos terminarán el próximo 13 de septiembre, fecha en que comenzará el proceso de finiquitos. Sin embargo, subrayó que la principal preocupación hoy no está en la continuidad laboral, sino en la situación de los 25 adultos mayores que residen en la casa, de los cuales al menos seis son dependientes totales y varios llevan más de 18 años viviendo allí. “No se trata de maletas que puedan mover de un lado a otro. Son personas que tienen derecho a decidir dónde y cómo quieren vivir”, enfatizó Trujillo.

Pese al escenario adverso, el centro ha recibido apoyo comunitario en insumos básicos, pañales y alimentación, además del respaldo constante de voluntariados. No obstante, los trabajadores recalcan que tanto ellos como los residentes están siendo tratados con indiferencia, reducidos a cifras en lugar de ser considerados como personas con derechos y necesidades.

Desde el sindicato plantean que la alternativa viable sería que otra fundación asumiera la administración del recinto, permitiendo mantener su funcionamiento mientras se buscan soluciones de largo plazo. Aseguran que con un financiamiento adecuado —estimado en más de $20 millones mensuales, considerando los aportes que realizan los propios residentes— la casa podría seguir operando sin necesidad de un cierre abrupto.