“Un salvavidas de piedra”: Liane advierte que el proyecto de ley de fomento al hidrógeno verde desincentiva la inversión

• El ejecutivo cuestionó la utilidad de la iniciativa ingresada por el gobierno. “Para los proyectos grandes de nuestra escala, no creo que esta ley nos sirva”, dijo tajante.

• Sobre la contribución regional equivalente al 1% de la inversión, dijo que “aumenta muchísimo el riesgo de la empresa” y podría incentivar a que las empresas no quieran obtener la venia ambiental o atrasarla.

“D’une franchise brutale”, se podría decir en francés. Sí, porque brutalmente francas fueron las opiniones que vertió Antoine Liane, gerente general de TotalEnergies H2, sobre el proyecto de ley presentado por el gobierno para fomentar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Chile y, en particular, en Magallanes.

Sin desestimar que la intención inicial era buena, la redacción y los mecanismos establecidos hacen que este proyecto legal -según Liane- en vez de alentar la inversión, la desincentive. “En la práctica, la llamada “letra chica” lo convierte en un verdadero salvavidas de piedra y los opositores (a la industria) deberían estar felices”, sentenció.

Uniendo esto al empeño de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, por forzar a las empresas a firmar ex ante compromisos de Acuerdos Producción Limpia, llevaron a Liane a decir: “Mejor nos dicen que nos vayamos de Chile y que no hagamos el proyecto”.

Sincerando el escenario, Liane también señaló que la realidad es que sólo se concretarán los proyectos más serios: aquellos que sean competitivos y cuenten con inversionistas respaldados tanto financiera como técnicamente. “En mi opinión, los últimos tres años estuvieron marcados por la especulación y los grandes anuncios, mientras que los próximos tres serán los que definan qué iniciativas realmente siguen en pie. Al final, quedarán pocos: los viables y serios, mientras que los de carácter especulativo desaparecerán. Esa ha sido la experiencia en muchos lugares y es lo que suele ocurrir”, transparentó.

Posible postergación
de un año

El proyecto que lidera hoy Liane representa la mayor inversión registrada en el sistema ambiental chileno, con US$16 mil millones. ¿En qué fase está? El Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara), el cual consignó 817 observaciones, a poco más de tres meses del ingreso de la iniciativa. El titular tiene plazo hasta el 23 de septiembre para responder. 

Más allá del grueso número de observaciones, para Liane cabe resaltar como “buena señal” que el Sea haya emitido el Icsara antes del tiempo previsto. “Es bueno para nosotros. Es una buena noticia porque el servicio está haciendo su trabajo rápido”, apuntó. 

Sobre la cantidad de reparos, apuntó que un número parecido recibió otro proyecto grande que ingresó a evaluación el año pasado, pero que es menos extenso que el de TotalEnergies. “Entonces, la pega no la hicimos tan mal”. Ello no quita que ahora tienen un trabajo enorme que hacer porque deben agregar mucha información, complementar ingeniería, líneas de base, estudios, planes de mitigación, etc.. 

El tiempo juega en contra no sólo porque el Sea le dio como plazo de un mes para responder todo esto, sino porque se pidieron líneas de base estacionales, es decir, reportes que consoliden información de una materia durante las cuatro estaciones. “Vamos a partir ahora en primavera, pero vamos a tener que esperar hasta el invierno del otro año… Entonces, sí o sí vamos a tener que suspender el plazo (para responder) por un buen período. No sabemos cuánto todavía porque uno tiene la posibilidad de hacer dos suspensiones de plazo. Pero, es bastante probable que tengamos que suspender, por lo menos, un año para responder todas estas preguntas”, acotó.

– ¿Es esto un traspié?

– “No es un traspié. Es normal que pase esto. Lo que podría ser un traspié es que esto se vuelva a repetir en el Icsara 2 y, potencialmente, en el Icsara 3”.

– ¿Qué implicaría esto en términos de plazos?

– “O sea, estaríamos llegando al 2030, pero con sólo la tramitación ambiental, siendo que el proyecto que ingresamos dice que queremos partir la construcción en 2027”.

– Esto suena poco optimista.

– “Siempre cuando se desarrolla un proyecto uno se pone muy optimista, pero el problema es que esto es como un embudo. Ahora hay muchas preguntas, como 900. Ojalá en el Icsara 2 sean solamente 200 y que requieran menos suspensiones de plazo. Bueno, y no sé si va a ser posible o no, pero evitar que haya un Icsara 3, aunque, dada la envergadura del proyecto, probablemente haya un Icsara 3”.

Más allá de tantas observaciones, unidas a las presentadas por la ciudadanía que llegan a casi 1.900 consultas, para Liane el asunto que los ha atrasado bastante no ha sido la tramitación, sino los tres años previos a ingresar el estudio al sistema de evaluación ambiental. Hubo un marco un tanto volátil y el surgimiento de nuevas guías. “Esto fue un tema que nos impactó porque iban cambiando cosas… y esta variabilidad, en un proyecto tan grande que requiere dos años de estudio y otro año adicional de estudio de línea base, nos mata los plazos porque uno tiene que rehacer y constantemente rehacer y reactualizar guías… Perdimos un año en ingresar el estudio al sistema”. Ahora, ya saben que la preparación de su adenda les llevará un año. 

Para el ejecutivo, será importante ver qué si la autoridad actuará con el criterio suficiente para ir despejando qué es absolutamente necesario hacer y responder. 

Impuestos

– El gobierno ha celebrado el envío del proyecto de incentivo tributarios al hidrógeno verde. ¿Cuál es la postura de TotalEnergies?

– “Hay dos temas dentro de ese proyecto de ley. Uno es un fomento, o sea, un subsidio, un fomento tributario para los proyectos de consumo nacional. Eso, para nosotros, no nos aplica porque nuestro proyecto está destinado a exportar, o sea, por la envergadura de la iniciativa y cómo lo estamos viendo, no hay esta escala de consumo de amoniaco e hidrógeno hoy en Chile. En el caso de Magallanes, es bien complicado porque los proyectos del norte, que están cerca de los consumidores, podrían hacer distintos derivados de hidrógeno y poder, a la vez, atender a un mercado nacional. Pero, acá estamos tan lejos del potencial mercado nacional que está complicado que esta ley le pueda servir a los proyectos de Magallanes. Tal vez a alguno, pero para los proyectos grandes de nuestra escala, no creo que esta ley, este proyecto nos sirva”.

– Y ¿qué pasa con la generación de la contribución del 1% a la región?

– “Es un estatuto -no opcional, sino obligatorio- para todos los proyectos en la región de tener una excepción del Impuesto de Primera Categoría y deber pagar el impuesto regional del 1% de la inversión al momento de obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Creo que la intención inicial era buena. Era una buena señal de querer hacer un esfuerzo para mejorar la competitividad y dar ventaja a este tipo de proyectos industriales. Sin embargo, en la práctica, la llamada “letra chica” lo convierte en un verdadero salvavidas de piedra y los opositores deberían estar felices”.

– ¿Por qué?

– “Porque, si bien se concede la exención del Impuesto de Primera Categoría, esa exención no habilita el acceso a ningún otro mecanismo tributario ni genera créditos contra otros impuestos. Ahí surge el principal problema para las empresas internacionales: continúa vigente el llamado impuesto adicional, que hoy asciende al 35%. El Impuesto de Primera Categoría es del 27%, pero cuando una compañía decide retirar sus utilidades o remesarlas fuera del país, debe pagar un 35% adicional. En consecuencia, la supuesta ventaja de la exención termina siendo irrelevante en la práctica. Y ese es el problema de fondo, que, en realidad, los proyectos hoy día carecen de competitividad y este proyecto de ley en términos de eliminar el Impuesto de Primera Categoría no los hace más competitivos desde el punto de vista de inversión internacional”.

Añadió que, en la práctica, “desde el punto de vista tributario, no hay ningún cambio”.

– ¿Cuál es su postura frente al 1% de contribución regional?

– “Ahí sí hay un tema muy complicado que aumenta muchísimo el riesgo de la empresa. Esto es imposible, incluso es un incentivo contrario. Esto, claramente, hoy día nos incentiva a nunca tener nuestra RCA o a atrasarla. ¿Por qué? Si yo tomo la cifra del 1% de la inversión, ¿qué inversión van a tomar? ¿La que está en mi RCA que dice 16 billones? ¿Eso serían 160 millones de dólares que tengo que adelantar al momento de obtener mi RCA? Pero, al momento de obtener mi RCA no tendré financiamiento. Tal vez no tendré decisión de inversión. Tal vez no tendré todavía acuerdo de compra-venta del producto. 

“Entonces, me están pidiendo que, además de los 20 ó 30 millones de dólares que haya costado mi estudio de impacto ambiental, poner 160 millones de dólares encima cuando me den el permiso ambiental. ¡Pero yo todavía no he construido nada, no he invertido nada!”.

– No habrá vendido ni una molécula de amoniaco.

– “Claro. Entonces, nuestra propuesta al gobierno es distinta. Es decir: ‘Mire, el impuesto regional se paga, en general, cuando entra la plata’. Entonces, cuando estemos construyendo un proyecto de un plazo de seis años, esto entra a medida que ingresamos los capitales. Nuestra propuesta original era decirle: ‘Podemos acelerar esto. En vez de pagarlo en los seis años, paguémoslo cuando el proyecto inicie su construcción porque allí la decisión de inversión está tomada, entra el capital y la deuda y ahí podemos adelantar el impuesto regional.

“Si uno hace el cálculo financiero, la región, en vez de recibir en seis años la plata, la recibe en un año, lo pone en un depósito a plazo o lo que sea y ya está rentando sobre este impuesto adicional adelantado”.

Liane insiste en que la intención era buena, pero que el proyecto así planteado no les mejora la situación, sino que la empeora desde el punto de vista de riesgo para los proyectos. “Ojalá este proyecto de ley no sea aprobado tal cual. Acaba de ingresar, pero hay que trabajarlo en el fondo para que sea realmente útil a los proyectos en Magallanes”, apuntó.

El ejecutivo de Total fue más tajante aún: “Hoy día, si uno dice que esta ley está aprobada, no hay ningún proyecto que va a presentar su estudio de impacto ambiental si me dicen que tengo que pagar esa cantidad de plata cuándo me lo aprueban”. 

“Las declaraciones de la alcaldesa
generaron mucho impacto”

– ¿Cuánto ruido generaron las declaraciones de la alcaldesa de San Gregorio sobre el rechazo al proyecto?

– “La palabra rechazo generó, la verdad, mucho impacto. Esto fue traducido al inglés y la forma en que salió en los medios internacionales no fue que era la alcaldesa, sino que las “chilean authorities”, las autoridades locales o chilenas eran las que rechazaban el proyecto de Total. Puedes imaginar que en París, Nueva York, en el mundo, la gente vio esta noticia y dijo: ‘Ah, se le cayó el proyecto a Total’”.

Liane indicó que, entonces, se debe explicar que una municipalidad no tiene la potestad de rechazar un proyecto, sólo el Sea. Ahora, solicitaron, por ley de Lobby, una reunión con el Concejo Municipal de San Gregorio para saber realmente cuál es la posición de ellos y si saben o no que gran parte de las dudas o inquietudes que pueden tener ya están atentadidas en el estudio de impacto ambiental.

La demanda 

– Uno de los problemas de la naciente industria es la demanda. ¿En estos tres años ya se desarrolló?

– “La respuesta es no. O sea, hay una demanda, pero aquella que se llama en inglés “off-take” pide tres cosas: precio, volumen y fecha de entrega. Hoy, en términos de precio no estamos ahí porque esta industria no es rentable. De hecho, no es una industria. No existe la industria del hidrógeno verde… El hidrógeno verde no es un commodity ni tampoco el amoniaco. Uno tiene que firmar un contrato a largo plazo y lo primero que mira el comprador es el precio. Hoy ese precio no es competitivo y no está la señal de precio para que el comprador firme un contrato a largo plazo. Esa es la realidad. Y, sin este contrato a largo plazo, no vamos a poder financiar los proyectos. Entonces, hay que hacer que los proyectos sean más competitivos. ¿Cómo se logra eso? Bajando el monto de la inversión a nivel de lo que cuesta la tecnología y el tema tributario es una ayuda para poder alcanzar el precio que busca el comprador”.

No obstante, aún existe -de acuerdo a Liane- un segungo riesgo: los plazos. “El comprador te dice: “Compro ese volumen a ese precio, pero quiero que me lo entregues a esa fecha’. ¿Qué pasa si mi proyecto se atrasa, se judicializa o está estancado durante cinco años? Los contratos de compraventa tienen un mecanismo de multas, de penalidades y llegando al final tienen lo que se llama ruptura de contrato… Los bancos, los inversionistas dicen: ‘Oye, pero si yo estoy invirtiendo en un proyecto en Chile que se va a judicializar cinco años y, por consecuencia de esto, no voy a poder cumplir mi contrato y deberé pagar multas, mejor no invierto’. Así de simple”, hizo ver.

“Quizás hace un par de años Chile se veía en el ranking mundial como número uno por su potencia renovable, pero no basta con tener el mejor viento y el mejor sol del mundo… Creo que estamos quedando atrás”, remarcó.

Las observaciones ciudadanas

Reconoció que la cifra de casi 1.900 observaciones ciudadanas es muy sensacionalista, aunque el Sea tiene que revisarlas y ver cuáles incorpora en el Icsara. No obstante, apuntó a que fueron 94 personas las que ingresaron estas preguntas, las que pertenecen a más o menos 30 agrupaciones que, en general, están en contra del proyecto. “Entonces, si uno dice que fue un récord, ya, fue un récord, pero ¿quién participó realmente?”, cuestionó.

– ¿Hay sectores que están intencionando, articulando esta oposición?

– “¡Por supuesto! Hay grupos que hace dos años escribieron una carta al Presidente de la República oponiéndose oficialmente a lo que es la industria del hidrógeno verde, criticando al gobierno y la estrategia y son los mismos que están opinando sobre nuestro proyecto. Pero, eso no es representativo de lo que nosotros estamos escuchando desde hace cuatro años que estamos acá”.

Liane habla aquí de una “mayoría silenciosa” que está esperando el desarrollo de la industria y su efecto positivo en el empleo, el crecimiento económico, el conocimiento científico y la innovación, pero que no participa en los procesos de consulta ciudadana. “Más que decir que hay 1.900 preguntas, por ejemplo, vería el estudio de Cadem, donde consultadas 700 personas, un 80% emitió una opinión favorable a la industria. Eso, para mí, es más representativo de la opinión que, en general, uno escucha y siente en la región cuando estamos en contacto con la comunidad”, remarcó.

– ¿A usted le gustaría que se formara un frente ciudadano de apoyo a la industria?  

– “Sí, o, no sé, ¿por qué no existe una asociación desarrollista? Por ejemplo, podrían decir que más de la mitad del territorio de la región es área protegida, con parques nacionales, naturales y eso sin contar lo que es privado y que está para conservación. La pregunta es: ¿por qué el resto no puede ser ocupado para fines de desarrollo industrial, económico?”.

Esta reflexión llevó a Liane a poner el dedo en otro asunto delicado: la falta de diálogo, pues los opositores no participan en las reuniones informativas de TotalEnergies H2 ni invitan a los representantes de ésta a sus propias jornadas ciudadanas. “¿Cómo podemos dialogar, cómo podemos consensuar?”, dejó como inquietud.

Maisa Rojas y los APL

– ¿Qué pasa con la iniciativa que trajo la ministra Maisa Rojas en torno a los Acuerdos de Producción Limpia? 

– “Entiendo que estos mecanismos se aplican para industra ya existente, donde las empresas se comprometen a mejorar sus procesos o tener mecanismo para ello, para disminuir el impacto ambiental, etc.. Nosotros somos un proyecto que acaba de ingresar su estudio de impacto ambiental. Estamos todavía tan lejos de existir como industria que no es el momento ahora para hablar de un acuerdo de producción limpia. El momento ahora es tratar de sacar nuestro estudio adelante”.

A modo de corolario, Antoine Liane declaró con franqueza: “Vamos a estar en los próximos dos años invirtiendo una cantidad brutal de plata y dedicando tiempo para responder el Icsara y sacar adelante este estudio de impacto ambiental, y, si la propuesta actual es que con un proyecto de ley tributaria cuando tengamos nuestra RCA tendremos que pagar 160 millones de dólares y, por otra parte, firmar un acuerdo -¡de no sabemos qué!- limpio que agrega compromisos sobre nuestro estudio de impacto ambiental que ya tienen un montón de compromisos, o sea, tal vez mejor nos dicen que nos vayamos de Chile y que no hagamos el proyecto”. 

– Mirado desde fuera, es como que le quisieran desplumar antes de tiempo. No alcanza a sacar su venia ambiental y le están arrancado todas las plumas.

– “Tu imagen está muy buena. Pero, ¿sabes? Hoy día soy un pollito, no tengo plumas todavía. Para eso hay que dejarme crecer, existir, tener plumas y, luego, podemos hablar de cuántas plumas se me pueden sacar. Hoy, no tengo plumas, no puedo volar. Esa es la realidad de lo que es nuestro proyecto”.