Basura, deudas y transparencia

El reciente anuncio de la Municipalidad de Punta Arenas sobre una deuda acumulada de $327 millones por concepto de derechos de aseo domiciliario, que involucraría a cerca de veinte instituciones públicas, ha desatado una controversia que excede el ámbito administrativo. No se trata únicamente de un listado de supuestos morosos; lo que está en juego es la confianza entre las instituciones, la transparencia en el manejo de la información y la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes ciudadanos.

El jefe comunal, Claudio Radonich, defendió la publicación del catastro argumentando que los datos provienen del Servicio de Impuestos Internos y que la municipalidad actúa en base a esa información. Sin embargo, varias de las instituciones señaladas reaccionaron con molestia y desmentidos, sosteniendo que sus pagos están al día o que, incluso, legalmente están exentas de este tipo de cobros. Serviu, por ejemplo, solicitó una rectificación pública, mientras que el delegado presidencial regional aseguró que las propiedades de su repartición no presentan mora alguna.

Esta situación revela una deficiencia preocupante: el cruce de información entre organismos públicos no está siendo debidamente validado, generando confusión. Al mismo tiempo, queda en evidencia la precariedad de los mecanismos de cobro y fiscalización de la deuda municipal, que acumula compromisos desde hace más de una década.

Lo cierto es que, más allá de la necesaria identificación de los inmuebles y la responsabilidad de ciertos serivicos públicos respecto de la deuda denunciada, la obligación de pagar por el servicio de recolección de basura no debería ser objeto de polémica. Si los organismos del Estado -llámense ministerios, servicios o reparticiones descentralizadas- no dan el ejemplo, el mensaje hacia la ciudadanía es contradictorio. El pago de derechos básicos como la basura es un deber que contribuye a sostener la limpieza urbana y la calidad de vida de todos los habitantes.

El debate abierto, aunque incómodo, puede transformarse en una oportunidad. La municipalidad debe transparentar con precisión qué inmuebles son efectivamente deudores, en qué condiciones y bajo qué responsabilidades. Los servicios públicos, por su parte, deben actuar con la misma transparencia, aclarando sus situaciones y regularizando aquellas deudas que correspondan.

El llamado es claro: rigor en la información, responsabilidad en el cumplimiento y compromiso con la transparencia.